Alcalde de Porvenir favorecido con suspensión de proceso por prevaricación: firmará un año en Carabineros y pagará $200.000

Diez minutos bastaron para que el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir zanjara el proceso criminal por el delito de prevaricación administrativa, que desde noviembre del año pasado enfrentaba el alcalde de aquella ciudad José Gabriel Parada, tras ser querellado por la empresa Cobra a raíz de un contrato inconcluso firmado con el municipio, por obras de agua potable.

En la audiencia fijada para las 9 horas de este jueves 23 de julio, el fiscal del Ministerio Público informó que en esta causa se hace posible acceder a la salida alternativa, esto es la suspensión condicional del procedimiento.

La propuesta, a la que se allanó la parte querellante, fue aprobada por el juez subrogante del Juzgado de Garantía de Porvenir, Ricardo Herrera Castillo, por el término de un año, debiendo el imputado José Parada Aguilar, cumplir las siguientes condiciones establecidas en el artículo 238 del Código Procesal Penal: la condición general de no ser formalizado por un nuevo delito entre agosto de 2026 y agosto de 2027; fijar domicilio e informar cualquier cambio al Ministerio Público Local.

También figura como requisito la obligación de pagar a la víctima de la causa, la empresa Cobra, la suma única y total de 200 mil pesos, en un plazo de un mes a contar de esta fecha. Y, por último, firmar cada mes en la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir a contar del mes de agosto de 2026.

El alcalde de Porvenir fue formalizado el 11 de noviembre de 2025 por hechos ocurridos en los años 2021 y 2022 en la capital de Tierra del Fuego, por su participación y responsabilidad que le cabe en el delito de prevaricación administrativa, ello conforme a la querella interpuesta por la empresa Cobra: el artículo 228 del Código Penal, establece lo siguiente: “El que, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo y multa de 11 a 15 UTM”. Sin embargo, en este caso la Fiscalía optó por el camino de la suspensión condicional del procedimiento, bajo las condiciones citadas en los párrafos anteriores.

Por un carril paralelo, avanza la demanda civil por indemnización de perjuicios, interpuesta por la misma empresa Cobra, en contra de la Municipalidad de Porvenir, por los mismos hechos. Un fallo de primera instancia condenó a dicho municipio a pagar casi 600 millones de pesos, dictamen que fue refrendado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Hoy, la causa se encuentra en la Corte Suprema, luego de que ambas partes recurrieran de casación en contra de la sentencia.