Cores de derecha acusan “incentivos perversos” en fiscalización del contrato de la Zona Franca

Apesar de que aún queda poco más de cuatro años para que finalice el contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, administrado actualmente por Sociedad de Rentas Inmobiliarias, propiedad del empresario Claudio Fischer Llop, el debate sobre cómo debería ser el futuro recinto franco, la evaluación de cómo ha sido llevado a cabo el contrato de concesión y su seguimiento por parte del Gobierno Regional de Magallanes se ha adelantado.

Consejeros regionales, parlamentarios, entre otras autoridades, han instalado este tema en la opinión pública, aun cuando, pese a las intenciones del gobierno regional de que ya se comiencen a elaborar las bases para la licitación del recinto, desde el Ministerio de Hacienda no existe una directriz clara sobre la materia ni sobre cómo la actual administración de José Antonio Kast percibe el futuro de este recinto.

Pulso Económico consultó a los 14 consejeros regionales su evaluación respecto de cómo ha sido la gestión de Sociedad de Rentas Inmobiliarias al frente de la Zona Franca y si la actual administración de Jorge Flies ha desempeñado un adecuado seguimiento y fiscalización del contrato de concesión, incluyendo las auditorías e informes trimestrales de la Comisión de Seguimiento que este exige.

Foto anual
y cheque “jugoso”

Desde los sectores de derecha plantean que Rentas Inmobiliarias no ha entendido que “cumple una finalidad pública”, que “el contrato es deficiente” y que el gobierno regional no ha ejercido una fiscalización adecuada del contrato.

“No cumple para nada con las expectativas que se tienen respecto de la Zona Franca ni con los objetivos contemplados en la ley que la creó”, disparó el consejero Max Salas al ser consultado sobre su evaluación de la gestión de Sociedad de Rentas Inmobiliarias. “No sé si esto último es culpa del concesionario o del contrato, de su ejecución o de la fiscalización del mismo”, agregó, asegurando que Jorge Flies “ha privilegiado, por sobre todo, las buenas relaciones con el concesionario y la foto anual con el cheque”.

Otro que tuvo duros epítetos fue Rodolfo Arecheta, quien aseguró que Sociedad de Rentas Inmobiliarias “no ha entendido que cumple una finalidad pública y por eso está siendo cuestionada”. Apuntó a que “un contrato deficiente como el que tenemos y un gobernador que no fiscaliza han permitido que perciba ingresos excesivos a costa de los magallánicos”. “No ha habido fiscalización. No es una opinión, son los hechos. Hoy existen incentivos perversos para el gobernador, ya que es el fiscalizador, pero al mismo tiempo recibe un jugoso cheque de la concesionaria. ¿Entonces, por qué habría de fiscalizar?”.

Opiniones mesuradas

Más mesuradas fueron las opiniones del republicano Robert Weissohn y del radical Rodolfo Cárdenas, quienes plantearon que cualquier evaluación depende de las conclusiones a las que llegue la comisión del Consejo Regional.

“Sin el sustento técnico y documental de las gestiones que han realizado no puedo emitir una opinión”, expresó Cárdenas, añadiendo que “esperaría que exista una visión más técnica para que no sólo se transformen en opinólogos, sino en reales actores del desarrollo y promoción de la región”.

Hay otras urgencias

“En cuanto al contrato de la Zona Franca, creo que hay suficientes autoridades preocupadas de cómo se debiera mejorar de cara a 2030”, indicó la consejera Roxana Gallardo, reconociendo que hay temas que considera más urgentes, como los convenios de programación de Salud y Vivienda.

“Los 30 meses de vida útil que le quedan al vertedero versus el nulo avance del próximo relleno sanitario de nuestra comuna. En fin, hay muchísimas urgencias en la región como para que todos estemos girando en torno a un contrato que terminará en 2030”, cerró Gallardo.