“Cuota Kusanovic”: Fiscalía incauta dispositivos electrónicos del senador en investigación por presunto fraude al fisco

La investigación penal que la Fiscalía Regional de Magallanes sigue contra el senador Alejandro Kusanovic Glusevic (independiente, cercano al Partido Social Cristiano) dio este viernes uno de sus pasos más relevantes: detectives incautaron teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos del parlamentario, que serán sometidos a peritajes.

Según confirmó la propia Fiscalía Local de Punta Arenas mediante un comunicado oficial, las diligencias de entrada y registro se enmarcan en la causa que se instruye contra el senador por el presunto delito de fraude al fisco. Es la primera vez que el Ministerio Público precisa públicamente esa calificación jurídica.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, y se desarrollaron en cinco domicilios: tres ubicados en Punta Arenas y dos en Santiago, todos con sus respectivas órdenes judiciales. La diligencia había sido autorizada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, a solicitud del fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

En su comunicado, la Fiscalía subrayó que estas actuaciones “forman parte de una investigación en curso y tienen por objeto reunir los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados”. Agregó que, por tratarse de una causa vigente y con el propósito de resguardar el éxito de la indagatoria, no era posible entregar mayores antecedentes por el momento.

La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien está a cargo de la investigación, sostuvo que las diligencias buscan “recabar evidencia digital contenida en celulares y computadores a objeto de que estas sean periciadas por la Brigada Anticorrupción Metropolitana y así poder acreditar o desvirtuar los hechos materia de esta investigación”.

Diligencia no concretada
en el Congreso

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la Fiscalía habría evaluado en un comienzo ejecutar la diligencia directamente en las dependencias del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde el senador desarrolla parte de sus funciones. Sin embargo, al tratarse de recintos parlamentarios, la legislación contempla un procedimiento especial que obliga a comunicar con anticipación este tipo de actuaciones, mecanismo destinado a resguardar la autonomía del Poder Legislativo.

Esa circunstancia habría impedido concretar el operativo en la sede legislativa, por lo que la Fiscalía optó por radicar el procedimiento en la circunscripción del parlamentario.

Este medio intentó contactarse con el senador Kusanovic para recoger su versión sobre los hechos, sin tener respuesta del parlamentario ni de su equipo.

El origen de la causa

La investigación se abrió en junio pasado, luego de que se conociera una denuncia presentada en febrero de 2026 ante la Unidad de Contraloría del Senado por Rodrigo Gutiérrez Soto, quien se desempeñó como secretario encargado de la oficina parlamentaria de Kusanovic en Puerto Natales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.

Según su relato, antes de asumir el cargo fue citado a una reunión con el entonces jefe de gabinete del senador, José Víctor Cárcamo Molina, quien le habría informado que debía devolver mensualmente 500 mil pesos de su remuneración. A ello se sumaba la obligación de financiar de su propio bolsillo diversos gastos de funcionamiento de la oficina distrital, entre ellos servicios de telefonía, internet y televisión, además de insumos como artículos de aseo, café y azúcar.

El denunciante estimó que, sólo por concepto de las devoluciones mensuales, transfirió cerca de 23 millones de pesos a lo largo de los 46 meses que duró la relación laboral, periodo en el que -según sostuvo- se vio empobrecido. Como respaldo aportó comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp. Su representante, el abogado Carlos Abarzúa, ha señalado que a su cliente se le explicó que esos dineros estaban destinados a solventar gastos del senador, mención que involucraría a medios de comunicación regionales.

La denuncia fue revisada en marzo por la Comisión de Etica y Transparencia del Senado, que resolvió no pronunciarse sobre el fondo, señalando que el requirente carecía de legitimación activa y que debía denunciar los hechos ante la instancia correspondiente. Fue esa derivación la que terminó abriendo la vía penal.

La causa de Kusanovic -bautizada por la prensa como la “cuota Kusanovic”- se ha comparado con la denominada “cuota Flores”, que mantiene a la senadora Camila Flores (RN) bajo investigación de la Fiscalía de Valparaíso.