Incautación de yate en Ultima Esperanza

La fiscalización que terminó con la incautación del yate francés Athanase en Puerto Natales trasciende con creces el caso puntual de una embarcación que habría hecho un uso indebido del régimen de admisión temporal. Lo ocurrido confirma que en Magallanes se ha consolidado una forma de trabajo interagencial que está dando resultados concretos en la protección del Estado de Derecho, la competencia leal y la seguridad de quienes visitan la región.

Durante mucho tiempo existió la percepción de que las aguas australes eran un espacio donde el control era complejo y donde determinadas conductas podían pasar inadvertidas. Sin embargo, las cifras demuestran otra realidad. Ocho embarcaciones extranjeras han sido denunciadas o incautadas en apenas un año y medio por infringir la normativa aduanera, migratoria o ambas. Más significativo aún es que este año los procedimientos disminuyeron respecto del anterior, no porque exista una menor fiscalización, sino porque, como explicó el director regional de Aduanas, el cumplimiento de las normas ha aumentado. Ese es, precisamente, el mejor indicador del éxito de una política de control.

El mérito de este resultado radica en que no responde a la acción aislada de un solo organismo. La coordinación entre la Armada, el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el respaldo de las autoridades regionales demuestra que los desafíos actuales requieren respuestas integradas. Cada institución aporta competencias distintas, pero complementarias, permitiendo detectar infracciones que, vistas de manera independiente, podrían pasar inadvertidas.

Este esfuerzo también protege a quienes desarrollan la actividad turística respetando las reglas. Magallanes ha construido durante décadas una reputación internacional basada en servicios profesionales, inversiones importantes y altos estándares de seguridad. Permitir que operadores extranjeros comercialicen excursiones al margen de las exigencias tributarias, laborales, marítimas y migratorias significa generar una competencia desleal frente a empresas que sí cumplen con todas las obligaciones que impone la legislación chilena.

No se trata, por cierto, de poner obstáculos al turismo internacional. Al contrario, la presencia de navegantes de todo el mundo constituye una riqueza para la región y contribuye a posicionar los canales patagónicos como uno de los destinos náuticos más atractivos del planeta. El régimen de admisión temporal existe precisamente para facilitar ese turismo. Lo que corresponde exigir es que dicha franquicia no sea utilizada para desarrollar actividades comerciales encubiertas, aprovechando una normativa diseñada con un propósito completamente distinto.

Existe además un aspecto que no debe minimizarse: la seguridad de los propios pasajeros. Cuando una embarcación presta servicios turísticos sin cumplir las exigencias nacionales, quienes contratan esas experiencias desconocen muchas veces si existen seguros, certificaciones, controles técnicos o condiciones de navegación equivalentes a las que se exigen a los operadores formales. La fiscalización, por tanto, no sólo protege intereses económicos; también resguarda a las personas.