Desalojo villa Las Etnias

Durante más de una década, villa Las Etnias ha formado parte de una realidad incómoda de Punta Arenas. Lo que comenzó en 2016 con la ocupación de un terreno por alrededor de diez familias terminó convirtiéndose en un asentamiento de cerca de 90 hogares, levantado mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a una empresa privada y al propio Servicio de Vivienda y Urbanización.

Ahora llegó la hora del desalojo. Las familias fueron notificadas de que tienen plazo hasta el próximo 19 de octubre para abandonar los terrenos y, con ello, comienza probablemente la etapa más compleja de un problema que durante demasiado tiempo se dejó crecer.

La necesidad de vivienda, por dramática que sea, no puede transformar la ocupación irregular de terrenos en un mecanismo aceptado para acceder a una solución habitacional. El Estado tiene el deber de desarrollar políticas que permitan a las familias vulnerables acceder a una vivienda digna, pero también debe resguardar la propiedad, hacer cumplir las normas y evitar que la instalación de asentamientos precarios termine consolidándose como un camino de hecho frente a quienes esperan durante años dentro del sistema formal.

Pero existe otra responsabilidad igualmente evidente. Villa Las Etnias no apareció ayer. El asentamiento nació hace más de diez años y creció ante la mirada de distintas administraciones. Durante todo ese tiempo se levantaron viviendas, llegaron nuevas familias y se construyó una comunidad en condiciones que todos sabían que eran precarias.

Por eso, desalojar no puede significar simplemente trasladar la precariedad desde un campamento hacia otro punto de la ciudad.

Entre quienes viven allí hay familias con niños y adolescentes, migrantes que llevan años radicados en Punta Arenas y personas que enfrentan dificultades económicas para acceder al mercado formal de arriendo. Son antecedentes que no otorgan derechos sobre terrenos ocupados irregularmente, pero que necesariamente deben ser considerados al momento de ejecutar una medida de esta magnitud.

La experiencia de la vecina toma Lautaro demuestra que es posible avanzar de otra manera. Allí, la erradicación de 37 familias se ha desarrollado en calma, sin necesidad de recurrir a la fuerza y entregando subsidios de arriendo a quienes cumplían los requisitos.

Los habitantes del sector, por su parte, plantean exigencias que deben ser observadas con realismo. Solicitan una solución habitacional definitiva o convertirse en propietarios de los terrenos que actualmente ocupan, incorporando además servicios básicos. Es legítimo que aspiren a una vivienda propia y que pidan ser escuchados. Pero dialogar no significa necesariamente aceptar todas las condiciones planteadas. La solución debe ajustarse a la legislación y también considerar a las miles de familias que han seguido los procedimientos regulares y esperan una respuesta habitacional del Estado.

Tampoco puede olvidarse a quienes durante años han convivido con las externalidades de estos asentamientos. Vecinos de sectores cercanos han denunciado problemas sanitarios y de seguridad. El vertimiento de aguas servidas llegó incluso a estar relacionado con el cierre del jardín infantil Juan Ruiz Mancilla, episodio que terminó por movilizar a autoridades regionales y comunales y acelerar una respuesta que había tardado demasiado.

Ahí reside quizás una de las principales lecciones de este conflicto. Cuando el Estado posterga durante años la solución de un asentamiento irregular, finalmente todos terminan pagando las consecuencias: quienes viven precariamente, los propietarios de los terrenos, los vecinos del entorno y la propia ciudad.