A la cárcel los miembros del Primer Comando de la Capital que operaban en Chile

• La justicia chilena formalizó a integrantes vinculados a la organización criminal brasileña. De los 19 imputados, 10 ya se encontraban recluidos en diferentes cárceles del país cumpliendo condenas por otros ilícitos y operando desde el interior de los penales.

En prisión preventiva quedaron este domingo los miembros formalizados en el país como parte del Primer Comando de la Capital (PCC), considerada la mayor banda delictual de Brasil, a quienes el Ministerio Público les imputa cargos por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de delitos contra la propiedad.

La causa contempla a una treintena de investigados a nivel nacional. Si bien en primera instancia se apuntó a 21 individuos, la cifra de formalizados en este procedimiento que inició el jueves y culminó ayer se ajustó a 19, luego de que un sujeto fuera formalizado únicamente por tráfico de estupefacientes y otro quedara a la espera de una audiencia posterior.

De los 19 imputados, 10 ya se encontraban recluidos en diferentes cárceles chilenas cumpliendo condenas por otros ilícitos y operando desde el interior de los penales, mientras que los nueve restantes ingresaron a prisión preventiva por orden del tribunal.

La presencia del grupo delictual responde a una fase de expansión territorial iniciada fuera de Brasil hacia 2019, teniendo como principal foco de penetración los establecimientos penitenciarios locales para articular una estructura paralela sujeta a sus propios reglamentos internos.

Cabe destacar que el PCC constituye una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de la Sudamérica, con fuerte operación desde recintos carcelarios, enfocada en múltiples mercados ilícitos denominados “sintonías”, incluyendo contrabando y tráfico de drogas, además de la comisión de homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación. De ese modo, operan con un modelo de estatuto, considerando bautismos, fichas de miembros, adoctrinamiento y catastro, lo que registran en el denominado “libro blanco”, existiendo además un “libro negro” donde se incluyen ex miembros, a quienes incluso decretan su muerte.

La operación de
la organización
criminal en Chile

Respecto al mecanismo de operación de la célula delictual en territorio nacional, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, explicó que “en Chile estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente”.

Según detalló, “algunos seguían en prisión preventiva o cumpliendo condenas y otros ya habían recobrado la libertad. Lo que había en el fondo era un ‘bautismo’ a la organización criminal a través de un estatuto que tiene el Primer Comando de la Capital”.

“Los integrantes estaban funcionando en delitos vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y también al delito de narcotráfico”, puntualizó el persecutor.

Entre otros antecedentes, hubo información originada en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, que daba cuenta de la existencia de integrantes del PCC en nuestro país, lo que durante la audiencia de esta semana fue acreditado desde la Fiscalía Metropolitana Sur, con diversas evidencias reunidas en la causa.

En la audiencia comparecieron el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al Fiscal Jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez, y el Fiscal de la especialidad, Yans Escobar.

Ritos de bautismo,
fichas y un plazo
de 120 días

Según se reveló, el proceso de adhesión a la organización contempla un estricto protocolo de admisión interna.

Quien busca incorporarse debe ser apadrinado por un miembro con posición de poder ante los mandos superiores de la banda, instancia en la que se indagan sus antecedentes personales y se le interroga sobre si ha ejecutado crímenes por dinero.

Asimismo, los postulantes deben acatar el reglamento del PCC y comprometerse a “entregarse en cuerpo y alma”. Cumplido dicho proceso, el nuevo integrante recibe una ficha identificatoria provista de un número de serie único para sus registros.

La investigación judicial fijó un plazo de 120 días para recopilar mayores antecedentes, marcando la primera formalización masiva contra integrantes del Primer Comando de la Capital en la historia judicial chilena.

Cooperativa/Emol