El escandaloso usufructo extranjero en Campos de Hielo Sur

Cuesta salir del asombro ante la radiografía que revelan los propios datos oficiales sobre el estado de abandono, descontrol y desinterés estatal en Campos de Hielo Sur. En el tramo más sensible e inhóspito del territorio austral, el Estado chileno ha capitulado en los hechos ante el usufructo comercial privado -manejado mayoritariamente desde Argentina y por operadores turísticos internacionales-, mientras las instituciones del país operan a ciegas, sin registros cruzados ni presencia efectiva en el área.

Resulta insólito que empresas de guías de montaña estadounidenses y agencias argentinas de El Chaltén comercialicen travesías por el campo de hielo patagónico a precios que alcanzan los US$3.200 e incluso US$3.950 por persona, vendiendo itinerarios de ocho a nueve días que incluyen pernoctaciones en el Refugio Eduardo García Soto -o cotizando la noche en sus instalaciones en US$150- sin que el Fisco chileno perciba un solo peso. Entre 2021 y 2026, la recaudación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por concepto de ingreso, uso o pernoctación en la zona fue exactamente cero pesos.

Aún más grave es la distorsión del uso territorial: tres de cada cuatro visitantes (el 75% del flujo total) ingresan desde Argentina por el Paso Marconi. Gran parte de los paquetes comerciales ni siquiera nombran a Chile en sus folletos, e incluso rebautizan el refugio oficial chileno como “Gorra Blanca” o “Campamento Gorra Blanca”. Para rematar el cuadro de irregularidad, ocho de cada nueve ofertas revisadas contemplan la salida del hielo por el Paso del Viento, Laguna Toro o Paso Huemul, una ruta que la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) califica explícitamente como no autorizada, ya que atraviesa el tramo limítrofe no demarcado entre el monte Fitz Roy y el cerro Murallón.

La situación evidencia una muestra flagrante de la desidia del nivel central con las zonas extremas. Conaf reconoció abiertamente que no existía un registro consolidado único de visitantes y sus propios informes internos presentan inconsistencias en los totales. Al comparar las cifras de organismos chilenos, la descoordinación es alarmante: mientras Conaf registró en 2024 apenas a 7 personas en dos expediciones, la Difrol reportó para el mismo periodo 24 personas en ocho expediciones, demostrando que los datos de ambas reparticiones sencillamente “no conversan”.

El vacío de fiscalización roza lo absurdo al revisar la labor policial e infraestructural. Policía de Investigaciones declaró que entre 2018 y octubre de 2026 no existe un solo registro oficial de entradas o salidas en el Paso Marconi; el propio delegado presidencial de Capitán Prat admitió sin rodeos: “No tenemos presencia en este tremendo territorio”; la Comisión Mixta encargada de demarcar el límite pendiente no se reúne desde 2016 y en casi 28 años no se ha instalado ni un solo hito fronterizo en el sector.

Esta negligencia es aún más hiriente si se considera que el Estado chileno sí invirtió recursos públicos en la zona. Entre 2017 y 2021 se ejecutaron $685 millones del FNDR de Aysén para instalar domos, paneles fotovoltaicos, generadores y kits sanitarios. Sin embargo, por falta de control y presencia continua, esa inversión pública financiada por todos los chilenos termina convertida en la infraestructura gratuita sobre la cual operan y lucran agencias privadas extranjeras.

Magallanes y Aysén no pueden seguir tolerando que la soberanía en Campos de Hielo Sur sea tratada como una molestia burocrática por las oficinas en Santiago. El nivel central debe despertar de su letargo, unificar de inmediato las bases de datos de sus organismos, ejercer el control fronterizo efectivo que corresponde y detener este usufructo desenfrenado e impune sobre el patrimonio de todos los chilenos.