54,6% de los estudiantes de la Umag financia su carrera con gratuidad
Más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Magallanes (Umag) financia sus estudios superiores mediante el sistema de gratuidad. La cifra alcanza al 54,6% de la matrícula, mientras que otro porcentaje importante depende de fondos solidarios aportados por el Estado y de un fondo aportado por la propia institución. Esta realidad se convirtió en uno de los principales argumentos de la movilización que mantiene paralizadas las actividades universitarias durante esta semana.
El presidente de la Feum, Ian Aguila, advirtió que la dependencia de los beneficios para financiar la educación superior deja a una parte importante de la comunidad expuesta a cualquier modificación de las políticas públicas en esta materia. “Son muy pocas las personas dentro del universo estudiante que pagan su arancel mes a mes. Entonces, cualquier recorte, cualquier cambio que haga el gobierno basado en la educación superior, nos vamos a ver afectados directamente”, apuntó. Luego añadió que estas medidas afectarán el financiamiento de la casa de estudios.
La movilización fue ratificada mediante una votación realizada el viernes y se mantendrá durante toda la presente semana. En la primera jornada, la adhesión fue visible en el recinto universitario, donde la representante estudiantil afirmó que no encontró estudiantes durante su recorrido.
Otro de los temas que preocupa a la representación estudiantil es la Beca Magallanes, considerada por el presidente de la Feum como “el único mecanismo de compensación territorial” para quienes deben trasladarse desde otras comunas de la región a Punta Arenas. El beneficio permite financiar gastos asociados a la permanencia en la capital regional, como el alojamiento, por lo que el aumento en los requisitos tendrían un impacto importante en los estudiantes.
Sobre los eventuales cambios en sus requisitos, planteó que estos afectarían a quienes ingresen este año a la educación superior, mientras que quienes ya cuentan con la beca mantendrían las condiciones vigentes. Sin embargo, cualquier modificación todavía depende de su aprobación en el Congreso.




