Agrupaciones de memoria de Magallanes rechazan reforma al INDH y advierten “abandono de las regiones”

Seis agrupaciones de memoria y derechos humanos de Punta Arenas rechazaron el proyecto de ley del gobierno que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al que acusan de buscar su “vaciamiento y desmantelamiento” y de dejar “a los territorios y zonas extremas en total desamparo”.

La declaración pública, titulada “No al desmantelamiento del INDH: Desproteger a la ciudadanía para reprimir sin límites”, la firman la Agrupación Hijos/as y Nietos/as por la Memoria, la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande, la Colectiva Cueca Sola Punta Arenas, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, la Corporación Estadio Fiscal Punta Arenas-Memoria Regional y Prais Punta Arenas.

El proyecto, ingresado el 19 de octubre por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, elimina la facultad del INDH de presentar querellas criminales y la reemplaza por la de denunciar hechos que puedan ser delito. Además, reduce su consejo de 11 a 5 integrantes y crea un cargo de director ejecutivo.

Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, la reforma implica recortar en 70% los abogados de la unidad de protección y en 50% el personal regional, ya que el proyecto no establece oficinas fuera de Santiago. El Ejecutivo estima un ahorro cercano a $3.720 millones anuales.

“Abandono de las regiones”

Las agrupaciones sostienen que la eliminación de las querellas impedirá al INDH “perseguir en tribunales delitos de tortura, trata de personas, apremios ilegítimos y abusos de poder”, y que el fin de la obligación de mantener sedes regionales implica un “abandono de las regiones y centralismo”.

También acusan una “captura política total”: según la declaración, las normas transitorias destituyen al consejo actual para que el Presidente nomine en bloque a los nuevos consejeros, quienes designarían al director ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública. Además, afirman que la reforma desconoce los Principios de París de la ONU y las recomendaciones de la comisión asesora presidencial de 2025. “En democracia, ningún gobierno que respete la ley teme ser fiscalizado”, plantean.

Las organizaciones piden al Ejecutivo retirar la suma urgencia del proyecto y al Congreso rechazarlo.

Los argumentos
del gobierno

En el mensaje del proyecto, el Ejecutivo sostiene que, tras 16 años de funcionamiento, el INDH arrastra “debilidades estructurales” y una concentración de su trabajo en acciones judiciales, especialmente querellas, en desmedro de su rol consultivo. La reforma, según el gobierno, busca fortalecer el carácter “consultivo y técnico” del organismo y alinearlo con los Principios de París.

El INDH mantendría la facultad de presentar recursos de protección y de amparo y podría actuar como “amigo de la corte” ante los tribunales. Según el proyecto, dos consejeros serían nombrados por el Senado a propuesta del Presidente, a partir de una nómina de la sociedad civil; dos por la Cámara de Diputados, y uno por los decanos de Derecho de las universidades. El director ejecutivo sería seleccionado por Alta Dirección Pública.