El desorden en los bienes del Estado

El resguardo y la correcta administración del patrimonio público constituyen un principio básico de la probidad y la gestión transparente del Estado. Sin embargo, los hallazgos expuestos en el Consolidado de Información Circularizada N°27 de la Contraloría General de la República dejan al descubierto una grave grieta en la fiscalización e inventario de las propiedades fiscales en la Región de Magallanes. La detección de 465 inmuebles fiscales en la zona afectados por omisiones administrativas o contables evidencia un desorden institucional que vulnera la correcta valoración de los activos públicos.

El informe del ente contralor detalla que en Magallanes existen 208 inmuebles registrados en las contabilidades de diversos servicios públicos por un valor total de $10.826 millones, pero que carecen de una destinación formal y vigente por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

A esta irregularidad se suma la cara opuesta del mismo problema: 257 propiedades que sí han sido formalmente destinadas a organismos estatales en la región, pero que estos simplemente han omitido incorporar en sus balances contables.

Como advierte el propio organismo, usar bienes sin destinación o no registrar los inmuebles recibidos constituye un incumplimiento normativo que distorsiona la información financiera del sector público.

El impacto de este hallazgo resulta especialmente llamativo a escala nacional. Magallanes se sitúa como la sexta región con mayor cantidad de inmuebles contabilizados sin destinación vigente, ubicándose solo por detrás de zonas de alta densidad poblacional como la Región Metropolitana, Valparaíso, Los Lagos o Biobío. Sumadas, las regiones de Aysén y Magallanes representan el 21% de todas las propiedades del país en esta condición anómala (696 inmuebles), demostrando cómo en la zona austral la falta de seguimiento contable ha tendido a normalizarse.

Usar instalaciones fiscales sin respaldo administrativo o mantener propiedades fuera de los balances oficiales no es un detalle burocrático menor. Es una vulneración directa a las exigencias de control impuestas desde 2015.

La instrucción fijada por la Contraloría – que otorga un plazo perentorio de 90 días para que las reparticiones involucradas regularicen sus registros contables e insta a Bienes Nacionales a formalizar las destinaciones pendientes bajo apercibimiento de sumarios disciplinarios- debe ser asumida con la máxima urgencia.

En una región que exige constantemente recursos e inversión pública, el Fisco tiene el deber de dar el ejemplo administrando cada metro cuadrado con absoluto rigor, transparencia y responsabilidad.