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Director Subrogante del Slep Magallanes

Rodrigo Sepúlveda destapa la crisis en la educación pública: 7 mil licencias médicas al año y 90 sumarios sobreseídos por viajes al extranjero

Domingo 22 de Noviembre del 2026

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  • Entre sus desafíos están ordenar las finanzas, revisar la dotación, resolver
    problemas de infraestructura y mejorar los resultados de aprendizaje.

 

Marcos Sepúlveda Loyola

 

 

Su semana no tiene siete días, sino nueve. En el mes y medio que lleva como director subrogante del Servicio Local de Educación Magallanes, le ha tocado de todo: hacer frente a las recomendaciones de Contraloría tras las conclusiones de una investigación por irregularidades en una licitación; responder por qué se adjudicaron recursos a una empresa que cobra más caro por productos de amplio uso en las salas de clases; firmar los sumarios de dos directoras de colegios puntarenenses; negociar con los asistentes de la educación el bono de zonas extremas, un tema ampliamente discutido en los últimos años y heredado de las anteriores corporaciones municipales de educación; y, en medio de todo esto, gestionar a más de 3 mil funcionarios y 13 mil 500 alumnos.

Rodrigo Sepúlveda no es un novato en el mundo educacional. Es profesor de Educación Física, fue seremi durante la segunda administración de Sebastián Piñera y, hasta hace un mes y medio, trabajaba en la Dirección de Educación Pública, en Santiago. Llegó tras la salida de Jorge Valdés Oróstica de la subrogancia, iniciada luego de la suspensión de Mario García en marzo del año pasado.

Sepúlveda reconoce que, en un comienzo, se encargó de buscar un perfil gestor y técnico para asumir la subrogancia del Slep. Sin embargo, al no encontrarlo, desde el nivel central le encomendaron este desafío.

– ¿Por qué, a su juicio, su nombre generó tanta roncha, sobre todo en el Colegio de Profesores?

– “Durante la pandemia nos costó mucho relacionarnos y lograr que entendieran que nosotros, como servicio ministerial y durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, buscábamos que, en la pospandemia, volvieran a clases.

“Fue una diferencia en la que nunca encontramos un camino de comunicación para transmitir que lo importante eran los niños y el daño que les estábamos haciendo en ese momento”.

– ¿A usted se le acusa de haber cometido maltrato laboral?

– “Ellos no me acusaron de prácticas de maltrato laboral. Fue una sola situación que involucró a una funcionaria que no pertenecía a mi cargo como seremi. Ocurrió durante la pandemia. Una funcionaria que realizaba teletrabajo desde Santiago. Ella nunca se entrevistó conmigo en esa época (…) Nosotros teníamos bono zona extrema y yo pedí a la Contraloría que se pronunciara al respecto.

“Justo en ese momento, el Servicio Civil señaló que todos los funcionarios debían estar básicamente en el lugar donde trabajaban, como medida de resguardo para las personas que realizaban teletrabajo. Ella nunca entendió que tenía que trabajar desde su vivienda y lo único que hice fue responder a través de la Contraloría (…) Desde entonces, me quedé con el mote de ser un acosador laboral, algo que está muy lejos de mi forma de trabajar”.

“Ya cambiamos”, responde con seguridad Rodrigo Sepúlveda al referirse al quiebre de la política comunicacional silente frente a la serie de vicisitudes que ha enfrentado el sostenedor de la educación pública desde la suspensión de Mario García.

“Le dimos una visión mucho más potente de gestión al servicio”, asegura. Como ejemplo, menciona el aumento de las publicaciones en redes sociales y la participación del servicio en actividades culturales y extracurriculares de los más de 60 establecimientos educacionales que administra.

En su mes y medio al frente de la educación pública, Sepúlveda ha estado inaugurando obras de mejoramiento y pronunciando discursos en actos escolares. Se define como un “gestor”. “Esta oficina, la del Servicio Local de Educación, no es un muro. Esta es una oficina en la cual las personas vienen a hacer trámites”, añade, insistiendo en que a sus más de 3 mil trabajadores se les debe dar respuesta. “Hemos dado esa directriz de que deben ser atendidos de la forma más rápida posible y están las puertas abiertas”, indica.

Mejorar la lectura y la escritura, además de las tasas de matrícula, son sus tres prioridades como máxima autoridad de la educación pública magallánica. Reconoce que los resultados de las pruebas Simce y Paes han mejorado desde el fin de la pandemia, pero advierte que todavía son insuficientes. “Los rendimientos promedio están por debajo  de los establecimientos particulares subvencionados y pagados, pero estamos lejos todavía”, señala.

Su objetivo es que los más de 14 mil alumnos egresen con mejores conocimientos en matemáticas y lectura, especialmente en un contexto en que el 48% de los estudiantes de segundo medio presenta un nivel deficiente en este último ámbito.

En su oficina tiene una pantalla interactiva que permite dimensionar el alcance del Slep Magallanes, con información sobre jardines infantiles VTF, establecimientos educacionales y escuelas rurales. Uno de los indicadores que más llama la atención por su dramatismo es la caída de las matrículas del sector público desde 2016 a la fecha. Hace una década, 17 mil alumnos estudiaban en este tipo de establecimientos; hoy lo hacen 13 mil 500.

Sepúlveda explica que la caída de la natalidad durante las últimas dos décadas ha influido en este indicador. Sin embargo, también reconoce que las movilizaciones y los paros registrados durante estos años repercutieron en la disminución. “Los papás, en el fondo, buscan estabilidad o continuidad educativa y nosotros en algún momento no lo fuimos. Ahora sí”, afirma.

¿Estos números abren la posibilidad de fusionar colegios o disminuir la cantidad de profesores?

“Yo, como director ejecutivo, tengo ciertas normativas legales a las que básicamente me tengo que ceñir. Eso tiene que ver con la dotación docente, con la cantidad de horas que tenemos en los establecimientos y también con el número de asistentes de la educación. Nosotros tenemos que ajustar eso a la realidad”.

Este proceso debía realizarse durante el segundo año de funcionamiento del servicio; sin embargo, no se concretó y será Sepúlveda el encargado de implementarlo. Un equipo de profesionales del Slep está elaborando una propuesta de ajustes, que será revisada en los próximos días por el director ejecutivo.

“Me van a decir: ‘Mira, este es el panorama de la región, esta es la cantidad de alumnos, esta es la cantidad de docentes, esta es la cantidad de asistentes de la educación’”, explica el director suplente.

El proceso es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio. “Es un ajuste presupuestario que dé, básicamente, responsabilidad administrativa. Tenemos que ajustar esta cantidad de personas que pueden darle sustentabilidad a la educación”, complementa.

Desde que asumió, Sepúlveda se ha reunido con los equipos directivos de cada establecimiento para sostener encuentros bilaterales y conocer la situación particular de cada colegio.

“Lo importante y lo que duele es ver que ciertos titulares de la prensa o de los medios de comunicación dicen 8.500 horas. Eso es lo que plantea básicamente la discusión respecto del presupuesto que está terminando ahora (…). Pero acá no son horas, no son 8.500 horas. Acá son familias; detrás de ellas hay profesionales, docentes y asistentes de la educación. Entonces, tenemos que ser súper responsables y rigurosos para no hablar de situaciones que tengan que ver con despidos”, acota.

“Básicamente, lo que nosotros estamos trabajando en esta estrategia es la renovación de las contratas. Hemos establecido ciertos criterios. Uno de ellos tiene que ver con algunos cargos que desde el nivel central se tuvieron que ajustar y en eso hemos estado”, añade.

Una vez definido este proceso, Sepúlveda se compromete a socializarlo con los gremios. “Si nosotros queremos una educación sostenible, si queremos administrar un servicio local que no tenga problemas económicos, tenemos que ajustar básicamente el equipo con el cual trabajamos”, insiste.

– ¿La reestructuración tendrá una incidencia en una mayor carga laboral para los docentes?

“No. Aquí hay dos cosas. Nosotros tenemos que darle continuidad al servicio. Esa es una responsabilidad del director de un servicio local de educación: dar tranquilidad y garantizar que cada establecimiento cuente con los asistentes adecuados y los docentes necesarios en cada una de las materias.

“En eso, de aquí a marzo, tenemos que entregar una carga horaria a todos los establecimientos educacionales y completarla con los docentes. Si, por ejemplo, no renovamos cierta cantidad de contratas y vemos que no nos alcanza, tenemos que cubrir ese trabajo con las personas que estimemos convenientes y contratar nuevamente docentes para cumplir con esta responsabilidad. No podemos dejar sin educación a los niños.

“Debemos comenzar en marzo con un equilibrio perfecto, ojalá así sea, de tener una sala y un profesor. Para nosotros eso es súper importante”.

– ¿Cómo pretenden resolver la brecha salarial que se generó entre los asistentes de la educación y los profesores, que incluso dio lugar a un paro durante el año pasado?

– “No me corresponde a mí pronunciarme acerca de eso. La verdad es que son temas que deben resolver los gremios. Nosotros, como Servicio Local, nos vamos a ceñir a lo que establece la ley. Ellos tienen sus recursos establecidos por norma y nosotros no tenemos nada que hacer al respecto. Tendrán que verlo ellos”.

– ¿Puede asegurar que las cotizaciones y los sueldos ya no volverán a pagarse de forma tardía?

– “Estamos trabajando en eso. La dotación docente tiene que ver con ello, porque debemos darle responsabilidad financiera al Servicio Local de Educación. Tenemos que contar con recursos no solamente para pagar los sueldos de los docentes y asistentes de la educación, sino también del personal nuestro. Debemos tener responsabilidad financiera. No puedo asegurar tajantemente que no tendremos problemas; seguramente los habrá. Lo que hemos hecho es trabajar administrativamente para evitar que eso ocurra. Es parte de mi función desde que llegué: ordenar las arcas fiscales que tiene el Servicio Local”.

Sumarios

Los sumarios por los viajes al extranjero realizados durante licencias médicas involucran a más de 300 funcionarios. Al asumir el cargo, una de las primeras tareas de Rodrigo Sepúlveda fue revisar el estado de estas investigaciones administrativas.

El director ejecutivo explicó que hasta ahora se ha sobreseído a cerca de 90 funcionarios, luego de aplicar criterios que permitieron considerar situaciones especiales, como personas que viajaron al extranjero para recibir atención médica o por motivos familiares, entre ellos, el fallecimiento de un familiar. Según indicó, estas circunstancias fueron evaluadas por los equipos encargados de los procedimientos.

Respecto de los casos restantes, señaló que el servicio cuenta con fiscales y actuarios a cargo de las investigaciones, a quienes solicitó agilizar los procesos. Las indagatorias son revisadas semanalmente y, de acuerdo con Sepúlveda, existirían entre 22 y 26 funcionarios que habrían reincidido en este tipo de situaciones. “Tenemos que darle un ejemplo al país y a la región de que en Magallanes no es gratuito salir del país por licencia”, sostuvo.

Consultado por las eventuales sanciones, precisó que hasta el momento no se ha destituido a ningún funcionario en el marco de estos sumarios. Explicó que las investigaciones siguen su curso y que las propuestas de resolución corresponden a los fiscales, por lo que evitó anticipar decisiones que posteriormente deberá adoptar como director ejecutivo.

En paralelo, el Slep mantiene investigaciones administrativas que involucran a directivos de establecimientos educacionales. Los procedimientos alcanzan a un directivo en Porvenir, uno en Puerto Natales, dos en Punta Arenas, uno en Puerto Toro y otro en Timaukel.

“Los fiscales tienen que pronunciarse y hacer la propuesta”, explicó.

Infraestructura

El periodista que escribe esta crónica tenía seis años cuando un grupo de estudiantes del Liceo A-45 Carlos Cousiño, de Lota, protagonizó una protesta porque el establecimiento se inundaba sistemáticamente durante las lluvias y nunca se realizaban mejoras. Esa movilización surtió efecto y fue uno de los antecedentes de la Revolución Pingüina, que terminó por impulsar la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).

Ya han pasado 20 años de aquello. Todavía permanece en la retina la imagen de personeros políticos levantando las manos en señal de triunfo tras alcanzar un acuerdo por la educación. Luego vino el jarrazo, la revolución estudiantil de 2011, la adopción por parte de la ex Concertación de las banderas de lucha del movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita y de calidad. Años después llegaron los patines del exministro Eyzaguirre, las leyes de inclusión, la gratuidad, la carrera docente y cuantos cambios se pudieron impulsar. Incluso uno de aquellos dirigentes que en 2011 ganó una federación universitaria llegó a ser Presidente de Chile.

Sin embargo, pese a este intenso debate de dos décadas, en que la educación estuvo en el ojo del huracán, lo denunciado por aquellos jóvenes de Lota sigue ocurriendo. Este mismo diario ha informado sobre la presencia de ratones en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre; las interrupciones de clases en la Escuela de Cerro Obstrucción por fallas en la caldera; el hacinamiento en la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, y las imágenes que hace un año se publicaron sobre el deplorable estado de los establecimientos públicos de Natales tras un duro informe de Contraloría.

– ¿Cuándo solucionaremos los problemas de infraestructura y podremos centrar el debate en lo que sucede dentro de la sala de clases? ¿Cuándo los colegios públicos contarán con una infraestructura decente?

– “Tenemos una infraestructura que durante años ha estado abandonada y que no ha recibido las mejoras necesarias. He solicitado un levantamiento de esa situación, que no solamente tiene que ver con la infraestructura, sino también con una administración sustentable de los establecimientos educacionales. Tenemos que buscar formas de reducir los costos, aprovechando las condiciones de una región que tiene viento y muchas posibilidades de mejorar su funcionamiento a través de la sustentabilidad. En eso estamos trabajando”.

De inmediato, Sepúlveda comienza a poner cifras sobre la mesa: $2 mil millones para mejorar baños y cocinas, de modo que cumplan con los estándares de Junaeb, y otros miles de millones apalancados a través del Gobierno Regional para reparar los establecimientos Contardi, Liceo María Behety, Gabriela Mistral (Natales) y Manuel Bulnes. También contempla mejorar la casa del director en Puerto Toro. “Ahí mi llamado es a la comunidad: la educación pública está mejorando, estamos mejorando su infraestructura. Que confíen en nuestra educación”, señala.

Para marzo espera contar con cinco establecimientos reparados y, durante el próximo año, sumar otros cinco más. “Queremos que los niños lleguen a una escuela bonita, que sientan que están entrando a un establecimiento completamente renovado”, asegura.

– ¿Puede comprometerse a que al inicio de clases ningún colegio suspenderá o retrasará su funcionamiento por problemas de infraestructura?

– “No lo puedo comprometer, pero estamos trabajando activamente. Hoy estamos planificando lo que viene para el período de vacaciones de verano y les he pedido que nadie se vaya sin decirme quién se queda a cargo de cada uno de los colegios.

“El otro día estuvimos en la Escuela Manuel Bulnes, que estamos utilizando como centro de acopio de material didáctico. Uno no se imagina la cantidad de material que hay. Cuando vi eso, reflexioné que mi propósito es que nadie se queje de que faltan materiales ni de que no tenemos la infraestructura adecuada.

“¿Tenemos deficiencias? Sí, pero las vamos a ir subsanando a medida que avancemos. Yo llevo un mes y medio en este cargo y me he tenido que hacer cargo de situaciones que vienen de atrás”.

 

Colegio de Profesores

El director ejecutivo de la educación pública asegura que aún no se ha reunido con el Colegio de Profesores, debido a que el gremio se encuentra en un proceso eleccionario. No obstante, afirma que, una vez conformada la nueva directiva, estará disponible para recibirla.

“Los voy a recibir. Cuando nos pidan una reunión, nosotros se las vamos a dar, no tenemos ningún problema”, insiste.

 

“Faltan de profesores de Religión”

Religión es una de las asignaturas en las que más cuesta encontrar profesores, a diferencia de Educación Física, donde existe una mayor oferta de profesionales. “Tenemos pocos especialistas en el área de Religión”, añade.

En Puerto Natales, por ejemplo, resulta difícil reemplazar a docentes de Física y Química, mientras que en Puerto Williams la principal dificultad es encontrar interesados en trasladarse a impartir clases en esa apartada localidad.

Sepúlveda explica que iniciará conversaciones con la Universidad de Magallanes para abordar la formación docente e identificar las áreas en las que existen brechas de profesionales.

 

7 mil licencias médicas al año

Los problemas económicos del Slep también están relacionados con el elevado número de licencias médicas. En lo que va del año se han registrado más de 7 mil. “Para nosotros son muchos recursos y esas 7 mil licencias tenemos que pagárselas igualmente a las personas”, señala.

A esto se suma que los funcionarios ausentes deben ser reemplazados, lo que implica un gasto adicional para el servicio. “Tengo 3 mil funcionarios, o sea, es un promedio de dos licencias por persona en el Servicio Local. Es muy alto”, advierte.

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