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Defensa de la presidenta de los empleados públicos: “Entrega del bono no distingue entre trabajadores públicos o privados”

Por La Prensa Austral Domingo 18 de Octubre del 2020

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Una investigación abierta a nivel nacional por el Ministerio Público determinará cuántos funcionarios del aparato estatal en el país accedieron al cobro del bono de ayuda social de los $500 mil promovido por el gobierno, siendo que no habrían calificado para ello.

El tema a nivel regional aún no está totalmente claro, ya que la directora regional del Servicio de Impuestos Internos (Sii), Ana María Vargas, señaló que por ahora no dispone de cifras regionales.

Doris Sandoval, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, rechaza los cuestionamientos públicos que se han ventilado en contra de los funcionarios y recuerda la precariedad en la que se desempeña la gran mayoría con vínculos que son renovados cada año sin tener derecho a indemnización en caso que sean cesados por el servicio.

Al opinar sobre este tema, recuerda: “Primero señalar que la calificación del otorgamiento es responsabilidad del Sii, materia que quedó regulada en la ley 21.252; en efecto, los requisitos establecidos fueron tener ingresos de entre 400 mil y 2 millones durante el año 2019, y reducción de al menos 30% a julio del año 2020. 

“En ningún momento distingue entre trabajadores públicos ni privados, ni de pérdida de empleo; de igual forma, Contraloría en sus instancias de difusión virtual, con fecha 13 de agosto, señaló que incluso podía ser pedido por FF.AA. y de orden, siempre y cuando contaran con los requisitos”, afirma.

Igualmente cita el artículo 6: “verificado el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio y el monto, el SII le informará a Tesorería General de la República para que proceda a otorgar y pagar el beneficio”. Aquí puntualiza por lo que el control era previo a la entrega y no después como ha ocurrido.

La dirigente recalca que, si el Sii informó a Tesorería que pagara, es porque ya se había efectuado la verificación de los requisitos necesarios para otorgarse.

“Por lo tanto, la calificación de quienes accedieron a esto bono respondió al cumplimiento de requisitos por parte de los postulantes; y quienes postularon lo hicieron de buena fe, considerando su pertenencia al sector económico medio aludido en la ley”, advierte.

Doris Sandoval menciona que un punto aparte es que, si bien los trabajadores públicos no han perdido sus  empleos, en muchos casos se encuentran sosteniendo la situación económica, de familiares, amistades, vecinos, etc. donde sí ha habido una gran pérdida de empleos y cesantía.

“Nos resulta indispensable emplazar a quienes pronta y livianamente salieron a rasgar vestiduras frente al tema, que necesariamente deben poner en contexto el origen del problema, derivado a nuestro juicio, de una mayúscula improvisación, que derivó a falta de información o la desinformación directamente que hubo en ese momento respecto de quienes podían acceder al bono”, sostiene.

Además, afirma: “No hay que perder de vista que fueron los funcionarios y funcionarias del propio Sii quienes advirtieron que la situación ya mencionada tiene su origen en la improvisación del Ministro de Hacienda y el Director del Sii, que definieron e implementaron este beneficio en forma apresurada, sin ningún tipo de análisis de factibilidad previo, utilizando la medida como un desincentivo y presión para la no aprobación del proyecto de ley de retiro del 10% de nuestros fondos previsionales”.

Realidad regional

Al llevar el tema a lo regional y si tiene algún conocimiento de cuántos funcionarios regionales pudieron cobrar el bono sin estar calificados para ello, la presidenta de los empleados fiscales es tajante: “El registro que tenemos en Anef es en extremo acotado; hubo personas que postularon y estimamos que cada caso debe ser revisado en su contexto”.

Para Doris Sandoval, el informe entregado en su momento,  acusando de falta a la fe pública a casi medio millón de trabajadores, es sesgado, ya que no da cuenta del proceso en su conjunto, sino que sólo de las “solicitudes observadas”, omitiendo información respecto a: solicitudes no cursadas, apelaciones tramitadas versus aprobadas, situación de trabajadoras de casa particular, personas que aún no perciben este beneficio, entre otros.

Por otra parte, no todas esas solicitudes han sido rechazadas. Hasta el momento el SII está solicitando que las personas comprueben algunos datos para saber si cayeron o no en alguna falta, si omitieron información o no.

“No permitiremos que el peso de una mala y desesperada medida del gobierno, recaiga en los hombros de los trabajadores y trabajadoras, ni públicos ni privados”, recalca.

Empleo precario

Consultada si estima que en la ciudadanía en general hay una visión errada respecto del confort en el que se desenvuelve el funcionario público, responde: “Sí, totalmente, se trata de un mito muy funcional a los intereses de los gobiernos de turno. En nuestro país, existe empleo precario en la administración pública, pues el 70% y más del funcionariado poseemos un contrato de carácter anual (modalidad contrata), no indefinido, sin derecho a indemnización por años de servicio, ni seguro de cesantía”.

Añade que están expuestos a vulneración de derechos básicos derivados, por ejemplo, de la maternidad y cuidado de hijos/as, licencia médicas, descanso, entre otros, y que no poseen el derecho a huelga y negociación colectiva.

La dirigente de la Anef estima que si hubo funcionarios que postularon, sin tener los requisitos que ahora sí parecen estar más claros que en ese entonces, debe buscarse un mecanismo para que el Estado pueda recuperar ese dinero, como por ejemplo con las devoluciones de impuestos.

¿Qué tipo de funcionario público podía cobrar este bono?

Doris Sandoval precisa que la Ley 21.252 estableció los requisitos para ello y le correspondió al SII la implementación de la normativa.

“Entendemos que los elementos de análisis tenidos en cuenta por los solicitantes pudieren haber derivado de tres razones, a saber: que la ley no excluye expresamente a los trabajadores públicos; a los parámetros utilizados para definir el cumplimiento de requisitos de ingresos (promedio de ingresos 2019 vs ingresos tributables del mes de julio 2020);  y que producto de los recortes presupuestarios instruidos por el gobierno, ningún funcionario público, está siendo remunerado por sus trabajos en horas extraordinarias, por lo que es perfectamente factible que muchas personas cumplieran los parámetros del sistema pese a mantener sus empleos”, dice.

La ley establecía, como requisito, el haber sufrido una merma en el “ingreso mensual” (concepto amplio, no limitado al sueldo) cuestión que sí ocurrió para muchos/as funcionarios/as públicos/as que no percibieron diversos componentes que son parte de los ingresos de la Administración Centralizada del Estado (en especial, por pérdidas en horas extraordinarias, viáticos y otras asignaciones).