Muchas veces convocados, pocas veces considerado

La preocupación por el envejecimiento y las consecuencias sociales de ella en nuestra sociedad es de reciente inicio y posicionamiento en las políticas públicas.

Anteriormente los mecanismos como las mutualidades o de Socorros Mutuos fueron el pilar solidario entre grupos locales para enfrentar las problemáticas sociales de las comunidades. El financiamiento de la jubilación a través del ahorro personal en estampillas y libretas que se canjeaban fueron modelos de trabajo desde el Estado. Un modelo de recaudación de aportes que servía para distribuir entre quienes se pensionaban.

Pero en la medida que la sobrevida fue aumentando en la población chilena hizo inviable el sistema. No se financiaba. Por lo que en dictadura en los años 80 se cambia el modelo colectivo por una capitalización individual. Se privatiza la administración de los fondos previsionales de los trabajadores. La promesa es que al 2020 los montos de las pensiones serían cercanas a los ingresos generados por el trabajo. Una promesa incumplida para demasiados jubilados.

En aquella misma década por la debacle económica que se vivía muchos pensionados y trabajadores mermaron el monto de sus pensiones por salvar la economía del país. El país les hipotecó su futuro, contribuyeron con sus dineros a salvar a los bancos privados y la economía nacional. Nadie les preguntó o consultó si se podía: se hizo y pagaron sus consecuencias sin reclamo o conocimiento de lo que sucedió.

En cambio, otros funcionarios públicos, como las FF.AA., mantuvieron su sistema previsional de reparto, el que actualmente se encuentra quebrado y es subsidiado por todos los chilenos.

La Quinta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 2019 nos enrostra que los adultos mayores en un 32,9% dicen estar insatisfechos con su vida. Que el 31,6% dice que el dinero no les alcanza para satisfacer sus necesidades.

Así también un 30,7% dice tener síntomas depresivos y el 43,5% de los adultos mayores percibe algún grado de soledad en su vida. Cifras que más que comentar nos llevan a entender el dramatismo de sobrevivencia de muchos mayores. De allí se coligen las altas tasas de suicidios en mayores, como el recientemente ocurrido en Natales y sus funestas consecuencias asociadas.

Son cifras demoledoras, levantadas durante el estallido social, donde las bajas pensiones fueron tema central en las demandas que la ciudadanía expresó. En esa época vimos tantas y diversas manifestaciones de mayores que expusieron sin ambages sus miserias y problemas.

Sí, porque ellos también protestaron e hicieron visible y patente su descontento y han ansiado un cambio en el trato del Estado para con sus viejos, tan postergados y sacrificados por un sistema que privilegia a otros grupos etáreos.

Todos estos planteamientos son hoy el aliciente para una nueva Constitución. Para escribir un nuevo trato para con los mayores y asegurarles una vejez protegida y con oportunidades para todos y que la disponibilidad de recursos no sea la limitante para disfrutar y vivir protegidamente esta etapa de la vida. Un regalo merecido a los sacrificios realizados en otras edades.

A eso aspiramos hoy los que buscamos un cambio constitucional, que queden atrás tantas iniciativas de reformas frustradas. Un cambio en las instituciones que los protegen, que dé cuenta de los actuales paradigmas y los desafíos en una atención integral, asegurada y oportuna a sus necesidades.

Para ello, como siempre, los mayores se preparan para este acto eleccionario; saben su responsabilidad ciudadana y no dejarán de participar.

Otra vez frente a la necesidad del Estado responden con su sacrificio y ejemplo. Siempre lo han hecho y van a seguir cumpliendo este deber cívico. Los he escuchado preguntar cómo hacerlo de forma segura, de cómo transportarse, qué llevar. Mil dudas que obviamente los órganos del Estado no responden. Simplemente porque se comunican por medios distintos. El Estado comunica en páginas webs institucionales o en medios sociales. Pero las mismas encuestas dicen que más del 40% de ellos no accede a esas plataformas. O sea, les hablan por el canal equivocado. Eso es no ponerse en el lugar del otro. Por eso se necesita escucharlos y escucharlas a ellos: qué necesitan, qué requieren y cómo debe hacerse.

Los iluminados o interlocutores no sirven. Ellos deben hablar por ellos.
Es así como la futura Convención Constitucional debieran integrarla proporcionalmente a lo menos 25 mayores de 60 años. ¿Están considerados? La sociedad será responsable de escucharlos y considerarlos en sus demandas que bien podrán expresar ellos en primera persona y no ser interpretados por otros. Ese es hoy el desafío de participación e inclusión con los mayores. ¿Quién recoge el guante en el mundo político? ¿Los escucharemos de verdad?