Areas Marinas Protegidas o Areas Mentirosas Protegidas en Chile

Dr. Jorge Acevedo Ramírez
Investigador Centro Regional Fundación Cequa

Las Areas Marinas Protegidas (AMP) tienen por definición ser áreas delimitadas y definidas geográficamente cuya Administración y Regulación permiten alcanzar objetivos específicos de conservación y/o preservación. Dentro de las AMP, el país cuenta con cuatro tipos de clases: Los Parques Marinos (PM) y las Reservas Marinas (RM) que son esencialmente acuáticas y están bajo la tuición legal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; es decir, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y los Santuarios de la Naturaleza (SN) y las Areas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), que pueden contener porciones de tierra y están bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente. Todas estas áreas son declaradas para establecer la Conservación y Gestión sustentable a largo plazo de la biodiversidad marina, los servicios ecosistémicos, y los valores culturales asociados, para lo cual se deben establecer medidas de administración y de regulación ambiental integrada para el acceso o prohibición de las diferentes actividades humanas que pueden ocurrir en esos ecosistemas con el fin de prevenir impactos negativos sobre esta biodiversidad y ecosistema que se protege. Cada una de estas figuras de protección tienen sus propios objetivos y objetos de conservación, algunas basadas en información científica robusta y otras podríamos señalar más bien como un capricho.

En la actualidad el país ha decretado oficialmente 38 AMP, pasando del 4.1% del maritorio bajo protección oficial en 2014 a cerca del 42% en 2019, cumpliendo de esta forma con los compromisos internacionales de protección marina de resguardar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas al 2020, quedando así nuestro país como un gran ejemplo ante la comunidad internacional de fiel cumplimiento. Sin embargo, tres de estas AMP concentran el 90% de la protección, correspondiendo justamente aquellas que se encuentran lejos de la zona económica exclusiva, en plena alta mar y lejos de la vista de todos; y los restantes son pequeños parches fragmentados a lo largo de la costa. Si bien el país ha realizado grandes progresos en esta materia colocando bajo protección oficial porciones del maritorio, y aun cuando todavía existe una baja representatividad de algunos ecosistemas marinos, penosamente todo queda en el papel.

Esto porque después de haber transcurrido ya 17 años desde la creación de las tres primeras AMCP-MU y primer Parque Marino en el año 2003, no ha habido ninguna intención real de implementarlas en su efectividad aun cuando varios de estas AMP tuvieron en su momento o cuentan actualmente con Planes de Administración, Regulación y Gestión para proteger sosteniblemente estos ecosistemas que se ponen en protección. En otras palabras, el país no ha sido capaz de gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, fortaleciendo su resiliencia, y adoptando, incluso, medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos, todos los cuales también es parte del compromiso o meta que el país debía concretar a 2020.

En conclusión, el país tiene 0% de efectiva protección marina, ya que no basta tenerlo escrito y delimitado en un papel con fecha y timbre, sino que si éstas no son implementadas es como que no existieran. De esta manera, las Areas Marinas Protegidas podrían más bien ser acuñadas como Areas de Mentiras Protegidas, un acrónimo provocativo pero fidedigno de la realidad que escuché de un reconocido investigador sobre la materia.

El papel soporta todo, pero el reto que ninguna presidencia de turno ha decidido impulsar es la implementación. Bajo ese contexto, ¿entonces porqué no declarar toda la zona económica exclusiva como un gran AMP?, así el país cumple al 100% y más con su compromiso internacional, quedando representadas y protegidas todas las unidades ecológicas, ya que luego el papel se guarda y trabajo cumplido.

El Estado tiene una gran responsabilidad de implementarlas en su efectividad, debe articular y coordinar a los diferentes servicios públicos con potestad en esos territorios bajo una única guía rectora que permita facilitar la gobernanza y asegure el logro de los objetivos de esas áreas que se protegen, involucrando también a los actores sociales y ciudadanía y, con un financiamiento estable y funcional. Pero esto no ocurrirá, al menos, en los próximos años ya que las materias de protección ambiental no son una prioridad (prevalece lo económico por sobre el ambiental), y con presupuestos cada vez menores. En efecto, según Fundación Terram (https://www.terram.cl/2020/10/infografia-financiamiento-publico-para-areas-marinas-protegidas-amp/), el presupuesto para 2021 de la Subsecretaría de Medio Ambiente ha sido nuevamente recortado, y de esto sólo el 0.39% es destinado para las AMP (algo más de M$132).

Finalmente, nosotros también tenemos nuestro deber. Debemos exigir al Estado el cumplimiento de sus compromisos para sentirnos realmente orgullosos que nuestro país cumple y pueda desarrollarse de manera sostenible, pero también podemos aportar en su implementación o cuidado, al menos las que se encuentran en la zona costera, ya sea con pequeñas acciones como no dejar residuos o botar desechos por colocar un ejemplo, teniendo real conciencia sobre la importancia del porqué se protege esa zona en particular, de los beneficios que esa pequeña porción protegida nos entrega en nuestro vivir diario y para las próximas generaciones, etc. El Estado (me refiero a los servicios públicos) no serán capaces por sí solos, y nosotros como parte fundamental de ese Estado debemos aportar y ayudar.