Gobierno rechaza proyecto de “amnistía encubierta”

En el contexto de la tramitación del proyecto de ley presentado por senadores de oposición que busca indultar a quienes permanecen en prisión preventiva desde las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se abrió a la posibilidad de revisar, en forma separada a este proyecto de ley, la situación de personas que están en prisión preventiva ya que este proyecto deja afuera a quienes hubieran sido acusados por delitos similares pero en otros contextos.

Larraín participó este martes en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la que se analiza el proyecto que ha sido denominado como una “amnistía encubierta” por el oficialismo.

El secretario de Estado detalló que existen 227 personas formalizadas por delitos asociados al 18-O, 172 de los cuales permanecen en prisión preventiva y 55 ya fueron condenadas.

De este universo, 58% tiene ingresos anteriores al sistema penal por otros delitos, según confirmó el ministro.

Larraín dijo que “atendidos ciertos antecedentes que hemos conocido, por ejemplo el estudio de la Defensoría Penal, cerca de un 40% de las personas que están en prisión preventiva, una vez que termina el proceso en su respecto, o es declarado inocente o es condenado por penas que no son privativas de libertad. Uno puede entender que hay un margen de error y ese es el tema que deberíamos abordar”.

En la misma sesión también expuso Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien sostuvo que “el proyecto de ley sobre indulto general busca reparar en parte las graves vulneraciones a los derechos humanos de que han sido objeto los miles de jóvenes que han sido encarcelados desde el inicio del estallido social por ejercer el legítimo derecho de la protesta social, desde la comprensible rabia”.