Desfalco a empresa de cruceros: querellante particular persigue penas de 15 años de cárcel y una indemnización de $2.900 millones

Penas que duplican la pretensión del Ministerio Público, solicita el querellante particular en la causa por el cuantioso desfalco denunciado por la empresa de cruceros Australis.

Lo anterior está contenido en la acusación presentada por el abogado Roberto Fasani, en representación de las sociedades querellantes Transportes Marítimos Vía Australis S.A., Transportes Marítimos Geo Australis S.A. y Navarino Administradora de Naves S.A.

La acusación y medios de pruebas fueron ingresadas al Juzgado de Garantía de Punta Arenas el pasado 22 de junio, dos semanas antes de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para este miércoles 7 de julio.

En esta causa penal que se arrastra del año 2018 se encuentran imputados Juan Rubén Reyes Navarro y José Eladio Soto Díaz, actualmente sujetos a medidas cautelares, fuera del recinto penitenciario.

De acuerdo a la acusación fiscal, ambos enfrentan los cargos de coautores de los delitos de estafas reiteradas por más de cinco años, con más de 280 operaciones defraudatorias ejecutadas durante dicho periodo, perjudicando a las tres empresas querellantes, en al menos, 1.444 millones de pesos.

José Eladio Soto cumplía el cargo de tesorero de la compañía y en tal calidad debía girar los cheques, es decir, debía confeccionar y completar los datos de la empresa o persona a quien se giraba el cheque, previa verificación de la documentación de respaldo de la operación y razón de giro o pago que debían realizar las empresas del grupo, mientras que al acusado Juan Reyes Navarro, en calidad de jefe de Contabilidad y Finanzas, le correspondía instruir en el ámbito de sus funciones, entre otras cosas, los giros de cheques y pagos que debían realizar las empresas del grupo, supervisar, aprobar, verificar la labor del anterior, además de firmar los cheques girados, previa verificación del respaldo de la operación y razón de giro o pago, que debían realizar las empresas del grupo.

En tales circunstancias, desde el 16 de enero de 2013 hasta el 17 de mayo de 2018, ambos acusados, previamente concertados y de manera reiterada, aprovechando la confianza de ellos depositada y los poderes otorgados en razón de sus cargos, procedieron a confeccionar y girar cheques de las cuentas corrientes de las empresas afectadas, simulando para el respaldo de los mismos la existencia de supuestas deudas para con proveedores.

En su acusación, el querellante particular solicita la pena de 15 años de cárcel respecto de cada uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas. Dicha pretensión difiere sustancialmente de los 8 años que pide el Ministerio Público.

Paralelamente a la actuación penal, el abogado Roberto Fasani persigue el resarcimiento de los perjuicios y daños ocasionados a las tres empresas querellantes, al estimar que los demandados actuaron dolosamente. Para ello interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios, por conceptos de daño moral, emergente y lucro cesante, en una suma que asciende a los 2.900 millones de pesos. Y, también que sean condenados al pago de las costas de la causa.

Causa paralela

Otra arista de esta causa es la que investiga el mismo fiscal Sebastián González, en un proceso paralelo abierto en 2020, donde se investiga un presunto delito de lavado de dinero respecto de la actuación que habría tenido el acusado Juan Reyes Navarro.

En cuanto al supuesto delito de lavado de dinero, el fiscal estableció que existen antecedentes más que suficientes para estimar que la madre de este imputado tuvo participación en los hechos, fuera de la región, por lo mismo solicitó al Tribunal se decrete la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, concretamente, respecto de una propiedad en la ciudad de Rengo, Región de O’Higgins, y de un segundo inmueble en la ciudad de Rancagua, en la misma región, ambos de propiedad de la madre, quien a la fecha tiene la calidad de imputada.

Para el fiscal a cargo de esta causa, la imputada sirvió de “testaferro” para la compra de dichos inmuebles, luego de que “estas propiedades fueran adquiridas con dineros provenientes de las estafas reiteradas realizadas por su hijo Juan Rubén Reyes”, se sostiene.

El primer inmueble fue comprado por la mujer con fecha 9 de enero de 2018 por la suma de 223 millones de pesos, mientras que la adquisición del segundo bien raíz data del 30 de junio de 2016, por la suma de 44 millones de pesos.

“Dicha actividad ilícita ha generado dineros y bienes cuyo uso, aprovechamiento, beneficio o destino se quiere evitar a través de la solicitud de incautación y medida cautelar real, como asimismo con el objeto de evitar la conversión del provecho ilícito en actividades que oculten o disimulen su origen delictual”, argumentó el fiscal González al momento de solicitar se decrete la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de los citados inmuebles.

El 2 de julio de 2020 el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dio lugar a las medidas cautelares, ordenando oficiar a los Juzgados de Rengo y Rancagua a fin de que dicha resolución sea puesta en conocimiento de los Conservadores de Bienes Raíces de ambas ciudades.

En la ampliación de su querella, el abogado Fasani sumó otros dos querellados, esta vez la madre y hermano de Juan Reyes, luego de que a las cuentas corrientes bancarias respecto de la primera transfiriera la suma de 130 millones de pesos, y al segundo, 42 millones de pesos. “Todas las transferencias fueron efectuadas en el periodo en que los imputados Reyes y Soto consumaron reiteradas estafas”, enfatizó el querellante.

La preparación de juicio de la causa principal, está fijada para este miércoles, a las 11 horas, donde tanto el Ministerio Público como el querellante harán valer los medios probatorios que aportarán en la audiencia de juicio propiamente tal. El abogado particular Marcos Ibacache, defensor del acusado Reyes, había gestionado la modificación de la audiencia para las próximas semanas, bajo el argumento que razones de salud le impedirán estar mañana en la ciudad. En respuesta, el juez Ricardo Larenas no dio lugar a tal pretensión, por lo que la defensa deberá ser asumida por un profesional de confianza de Ibacache. El otro acusado, José Eladio Soto, es representado por la Defensoría Penal Pública.