Convención Constitucional

Dificultosa ha sido la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, asistiendo los ciudadanos a diversos momentos inaceptables, polémicos y/o, derechamente, bochornosos.

Ha habido espacio para todo aquello en casi dos semanas desde su instalación, el 4 de julio pasado.

Ayer, nuevamente, el cuerpo colegiado dejó de funcionar por la detención de un par de constituyentes en el marco de una manifestación callejera a favor de los denominados “presos de la revuelta”.

Después de una hora de retraso, la presidenta y el vicepresidente de la Convención retomaron el trabajo en el pleno tras acudir a la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago.

La mesa justificó tal suspensión argumentando que, como constituyentes, han recibido un mandato constitucional de conducir este proceso y que en tal fin no pueden desentenderse de lo que pasa en el país.

A estas alturas, todos los chilenos esperarían que los 155 constituyentes estuvieran plenamente abocados a la materia para la cual fueron elegidos democráticamente.

Varios episodios y posturas asumidas por diversos convencionales pueden ser rechazados o, al menos, cuestionados. Entre éstos, se puede objetar una de las propuestas sobre el horario y días en que proyectan trabajar; y otra es la relativa a la contratación de asesores para cada uno de los integrantes del órgano constitucional.

Un punto que también puede ser controvertido es la cantidad de comisiones que se están creando y los temas asignados a éstas, pues, más que abordar netamente materias constitucionales, parecen buscar encarar problemas de la contingencia.

Todo esto ha dado pie a algunos analistas para plantear que la Convención Constitucional pareciera querer erigirse como un ente opositor al actual Gobierno y sustituir al Congreso y al Poder Judicial respecto de las deliberaciones que ha encarado.

Los permanentes tropiezos del trabajo, la soberbia exhibida por algunos constituyentes y cierta anomia ya comienzan a inquietar.