Para marzo proyecta partir su trabajo el nuevo servicio de educación pública en Magallanes

Aclarar dudas, instalar certezas. Esa ha sido la misión encomendada en su visita a Magallanes al jefe de División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, Alfredo Romero, quien durante una semana ha venido sosteniendo diversos encuentros para dar cuenta de un  traspaso confirmado para el 1 de enero de 2023.

Su última escala en la región es en Punta Arenas, donde hoy antes de su retorno a la capital se reunirá con profesores y asistentes de educación para explicar cómo se desarrollará el proceso de esta nueva administración de la educación pública.

“La respuesta ha sido buena en general y nos ha permitido clarificar muchas cosas y entregarle certezas acerca de cómo se desarrollará este proceso”, señaló Romero al inicio del diálogo.

Aclara de inmediato que la ley es clara en asegurar que los docentes y asistentes “serán traspasados con los mismos beneficios, antigüedad y funciones que tenían con los municipios y corporaciones. Eso no cambiará. Lo mismo en las comunas más pequeñas, donde los profesores han consultado qué pasa con sus beneficios, como el caso de las viviendas. Aquí señalar que son beneficios absolutamente necesarios y que, por lo tanto, se mantendrán. Lo que se debe entender, es que más allá de los eslogan, la ley es sumamente clara y protectora de los derechos de los funcionarios”.

– ¿Cómo se irá dando el traspaso al 1 de enero de 2023?

– “El director o directora ejecutiva que estará a cargo de este nuevo servicio desarrollará un fuerte trabajo en terreno durante el 2022, con la colaboración de cada municipio y corporación, de manera que se pueda levantar la información necesaria que permita conocer la realidad de cada comuna. Ya en marzo próximo con el director ejecutivo comienza a funcionar el servicio público, constituyéndose con oficinas en Punta Arenas, preparando los equipos y atendiendo los trámites administrativos que permitirá recibir de la mejor forma la educación como sostenedor regional a partir del 2023”.

– En la práctica, ¿cómo operará el servicio en cuanto a personal?

– “Hay un decreto de planta para todos los servicios locales que considera entre 40 a 50 funcionarios, pero la Ley de Presupuestos siempre contempla un adicional que permite un máximo entre 85 y 100 personas. Esperamos que el promedio sea del orden de los 80”.

– ¿Y qué pasa con los actuales funcionarios de la Corporación Municipal?

– “Se contempla un proceso de concurso cerrado para llenar los cupos. Quienes participen y cumplan los requisitos son traspasados con un régimen de estatuto administrativo y para quienes no deseen ser parte de este proceso o no cumplen con los requisitos, se contempla una indemnización según las condiciones de su contrato”.

Las deudas

– Un tema son las deudas contraídas por los sostenedores, ¿qué pasa con estos compromisos?

– “Esto se prevé en la ley con varios mecanismos. Lo primero es decir que los servicios locales parten sin ninguna deuda, y que las deudas contraídas por las corporaciones no son traspasadas a los servicios. Todas las deudas originadas por los sostenedores son de exclusiva responsabilidad de ellos, pero como dentro de éstos hay compromisos pendientes de tipo remuneracional y previsional con docentes y asistentes, se tiene un mecanismo de solución donde el Ministerio de Educación contribuirá al pago de esas deudas”.

– ¿Cómo operará aquello?

– “Definido el monto de las deudas, el ministerio va a pagar el total a cada uno de los proveedores previsionales. Luego vendrá un proceso interno entre el Mineduc, la Subdere y el municipio o corporación, para que esos dineros sean devueltos a través de un descuento del Fondo Común Municipal, lo que puede ser pactado en cuotas o bien adoptarse otro mecanismo de devolución. Lo importante es que los profesores y asistentes tengan la claridad que se va a pagar cada deuda originada por el sostenedor”.

– Para este viernes tiene agendado los últimos encuentros con profesores y asistentes, ¿cómo prevé esas reuniones?

– “El ánimo es responder y poder escucharlos, de manera de que a través del diálogo pueda conocer las razones de su preocupación. Tal vez esa preocupación pase más por razones de política pública y no por esta ley en particular. Probablemente ellos tengan alguna desavenencia con la forma en que se estructura la educación pública, pero eso ya es un tema a nivel nacional”.