Fiscalía formalizará a ex director de la PDI por malversación de $140 millones en gastos reservados

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó este martes un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar al ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Según explica en el documento, se acusa que el ex líder de la PDI registra cerca de 140 millones de pesos en sus cuentas bancarias y en la de su esposa, María Neira -que se desempeña como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII)-, tras 53 depósitos en dinero en efectivo recibidos entre junio de 2015 y marzo de 2017.

Tanto Espinosa como su cónyuge recibían su sueldo mediante transferencias, por lo que los varios depósitos millonarios que recibieron en efectivo están en investigación para ver si pueden ser justificados.

Entre estos años, Espinosa tuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados y que ocupó en sumas entre los 30 y 97 millones de pesos de forma mensual. Según informó La Tercera, la ex autoridad policial justificaba estos giros bajo la Ley de Inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico, situación que es investigada por la Fiscalía.

En tanto, el persecutor de esta causa dio cuenta que para este lavado de dinero, la esposa del ex director de la PDI realizó varias compras en 2018 que alcanzaron los 439.932.837 pesos: un departamento, una bodega y dos estacionamientos en Las Condes. Debido a esto, ambos son investigados por este delito.

Tras reportar operaciones financieras sospechosas por parte del ex director general de la PDI, en diciembre pasado la Unidad de Análisis Financiero (Uaf) inició esta causa.

Depósitos

En el caso de los millonarios depósitos realizados tanto a Espinosa como a Neira, estaban a cargo del subcomisario de la PDI, Eduardo Villablanca, quien aseguró en esta investigación que se trataban de “órdenes” que recibía por parte de Espinosa.

Al ser interrogado hace dos meses, este funcionario de la policía civil dio cuenta que se trataron de movimientos bancarios entre un millón y tres millones de pesos, todos en efectivo y que eran entregados por el mismo ex director de la PDI, según informó el diario La Tercera.

Villablanca tuvo ingresos en efectivo a su cuenta que no coinciden con su sueldo en la institución policial, por lo que también será investigado por lavado de dinero y cómplice del desvío de las arcas fiscales.

Querella del CDE

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó el lunes 16 la querella criminal contra Espinosa y Villablanca por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, hechos -según indicó el organismo- acreditados en la investigación penal y que fueron realizados en su condición de funcionarios públicos.

La acción del órgano colegiado además imputa a Espinosa delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos. Por este último ilícito el Consejo acusa también a su cónyuge María Neira y al subcomisario Villablanca.

A través de un comunicado, la CDE explicó que la querella presentada describe los mecanismos utilizados por los imputados para “sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos de la Nación a dicha institución entre los años 2015 y 2018”, acción por la que fueron importados por malversación reiterada de caudales públicos.

En esta línea, indicaron que los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten identificar que el ex líder policial junto a Villablanca, “sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias”.

Además, se acusa que los imputados “falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas entre 2015 y 2017” por Espinosa ante la Contraloría General de la República y la propia PDI.

Finalmente, el CDE sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles.