Secretario de la Cormupa dice que aún esperan recursos del gobierno regional

La única lentitud que la Corporación Municipal de Punta Arenas reconoce en el retorno a clases es la entrega de recursos por parte del gobierno regional.

Los dichos del consejero Antonio Bradasic respecto de la falta de proyectos de la Cormupa fue tomado con sorpresa por el secretario general de la entidad, Luis Almonacid, quien dijo que el mencionado core parece no recordar o no haber recibido la información respectiva. “Nosotros comenzamos a tramitar un proyecto en febrero, primero solicitando $1.600 millones que se fueron recortando porque la glosa no permitía esa cantidad. Finalmente, se presentó por $620 millones y se aprobó la mitad para ser asignada en agosto y lo restante a la espera de cómo iba a ir avanzando el cronograma de retorno”.

Sin embargo, aseguró que los recursos comprometidos por los mismos consejeros, y que hoy dependen de las gestiones del gobierno regional, no han llegado. Eso ha significado que todo lo que se ha hecho como parte de este retorno ha sido asumido con recursos de la propia Corporación Municipal y con lo asignado por el Ministerio de Educación. “Y hay que entender que eso ha sido insuficiente”, enfatizó Almonacid.

En el mismo tema, la consejera Roxana Gallardo señaló que “la comunidad merece saber qué está pasando” en los colegios municipales que no han retomado sus clases presenciales. La respuesta del secretario general es, justamente, la demora en la entrega de recursos por parte del propio gobierno regional, la insuficiencia de lo que hay y el calendario que da cuenta de un retorno gradual y voluntario (por parte de los padres y apoderados). En este sentido, Almonacid dijo que hoy están operativos 29 de 33 establecimientos municipales y que para la próxima semana se espera el reintegro de tres. “Logramos vencer la primera barrera que era la incertidumbre y hemos logrado una dinámica dentro del proceso, y en eso hay que agradecer a las familias que han confiado enviando a los alumnos y reconocer el trabajo de los docentes, los equipos directivos y de los asistentes de la educación”.

Agregó que se debe entender que, además de la insuficiencia de los recursos, también hay un tema de estricta fiscalización que los obliga a aumentar el estándar sanitario, administrativo y operativo en cada uno de los establecimientos. “Nos fiscaliza la autoridad sanitaria, la Inspección del Trabajo, la Contraloría, la Superintendencia de Educación, todo bajo un estándar de control superior. Y si hay observaciones hay que corregirlas de inmediato, de lo contrario hay sanciones, multas y hasta nos pueden cerrar los establecimientos”.

Luis Almonacid espera que los recursos aprobados por el gobierno regional puedan llegar a la brevedad, aunque reconoció que es difícil que a la entrega de los $300 millones se agregue en lo que resta del año la otra mitad solicitada.