Estudio destaca oportunidad que abre proceso constituyente para fijar derechos de adultos mayores
La redacción de una nueva Constitución por parte de la Convención Constitucional puede ser la oportunidad para que se fijen derechos a favor de los adultos mayores y se visibilice la problemática que existe hoy en el país que no considera políticas públicas permanentes al segmento etario mayor a los 60 años, como sujetos de derecho, sino como beneficiarios.
Así lo destaca el estudio “Nueva Constitución y Personas Mayores” del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro, que surge de la alianza entre la Universidad Católica y Compañía de Seguros Confuturo, el que da cuenta de la realidad actual del ordenamiento normativo e institucional y las políticas públicas del país en materia de vejez y envejecimiento, así como las brechas existentes con otras naciones.
Según el estudio, Chile tiene un largo camino por recorrer, ya que el ordenamiento jurídico relativo a la población mayor es deficiente, al haber escasas normativas específicas para este grupo, al tiempo que no alcanzan un grado de especificidad necesario para que sean eficaces.
En ese sentido, Costa Rica, Canadá, Suecia y Nueva Zelanda son los países que presentan un mayor avance en materia constitucional y personas mayores, dado que explicitan en su Constitución la protección de este segmento, o bien la no discriminación por razones de edad. Si bien la mayoría de los países apuntan a la edad en términos de jubilación y pensiones, en Chile sólo se hace una mención en lo que respecta a la fijación de límites de edad para jueces (75 años).
Rosa Kornfeld, experta Independiente de los Derechos Humanos de las personas mayores de las Naciones Unidas por dos periodos (2014-2020), explica que “no es mucho lo que se ha hecho en cuanto a la protección de los derechos de las personas mayores en la Constitución, pero esto es así incluso en algunos de los países desarrollados, todavía falta visibilizar la vejez en su globalidad”.
Angela Arenas, doctora en historia y teoría del derecho europeo y doctora en bioética, afirma que existe una gran oportunidad para que el proceso constituyente apunte hacia un cambio de paradigma e incluya a este grupo etario en la nueva Carta Magna. “En Chile -en particular- existen distintas normativas que apuntan a lo que es la protección de los DD.HH de las personas mayores y que buscan este reconocimiento paulatino a la condición de vejez y a los procesos de envejecimiento en general, pero son normativas que se refieren más que nada a las situaciones de violación de derechos y no a su promoción y prevención. Además, estas normas están bastante disgregadas, no tenemos una ley integrada que nos hable de las personas mayores en forma global y que lo abarque de esa manera”, dice.
Propuestas para una nueva Constitución
En general, existe la percepción de que las personas mayores no son respetadas, tanto en el trato diario, como en lo estructural en nuestro país, así como la existencia de desigualdades en diversas áreas sociales.
Es por ello que a la luz de la discusión constitucional, el reporte plantea la importancia de definir qué se entiende por persona mayor y por envejecimiento en el ordenamiento jurídico, haciendo especial énfasis en la heterogeneidad de la vejez y de que no hay una única manera de envejecer, junto al reconocimiento específico de ciertos derechos fundamentales para este segmento etario en la nueva Carta Magna, en áreas como educación, participación, vivienda, empleo, pensiones y salud.