Drogas y la alerta que deja la “Operación Confederación”

– Quizás lo preocupante de esta organización en particular es que su modus operandi era más elaborado no sólo respecto del volumen de las comercializaciones, sino de los recursos materiales y armamento incautados.

Las últimas estadísticas e informes aduaneros, policiales y del Ministerio Público concuerdan en que la actividad delictual desarrollada en torno al tráfico de drogas en Magallanes ha ido en permanente incremento.

Atrás quedaron los años en que nuestra región era usada, más bien, como territorio de tránsito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, las que pasaban por la zona con rumbo al mercado nacional o internacional.

Hace unas semanas, un operativo policial liderado por la PDI logró desbaratar a los integrantes de una banda de narcotraficantes que operaba en el extremo sur del país.

Así, en un trabajo investigativo denominado “Operación Confederación”, se detuvo, inicialmente, a 19 individuos de diversas nacionalidades, entre colombianos, dominicanos, peruanos y chilenos, cuya red incluía inmuebles ubicados tanto dentro de Punta Arenas como en sectores de parcelas del sector sur. Casas particulares, hostales, viviendas rurales albergaban la actividad ilícita. También había puntos de contacto en Santiago y otras ciudades que formaban parte de la red operativa de este grupo del crimen organizado.

Quizás lo preocupante de esta organización en particular es que su modus operandi era más elaborado no sólo respecto del volumen de las comercializaciones, sino de los recursos materiales y armamento incautados. La organización criminal no sólo contaba con un laboratorio para mezclar y abundar la cantidad de drogas, sino que, incluso, planeaban comprar un avión para trasladar la mercancía.

Estamos siendo testigos de operaciones a mayor escala y que, seguramente, también estarán aparejadas con mayor grado de violencia y muerte. Por lo mismo, es altamente inquietante lo que ya está sucediendo y sólo resta espera que las autoridades civiles, policiales, de la Fiscalía y la propia Justicia mantengan un alto nivel de coordinación y disposición de recursos profesionales, técnicos y financieros para poder llevar a cabo una política preventiva y sancionadora, que tienda a evitar que grupos tan organizados se instalen en forma definitiva en Magallanes.