El segundo tiempo -y final- de la Convención Constitucional

Rodrigo Álvarez Zenteno
Convencional Constituyente por Magallanes

Tras seis meses de trabajo, la Convención Constitucional se encuentra ad portas de iniciar el trabajo de discusión y votación de las normas que formarán parte del proyecto de nueva Constitución que pondremos a disposición de la ciudadanía. En dicho contexto, es conveniente referirnos brevemente a lo que ha ocurrido y -especialmente- a lo que ocurrirá en este proceso histórico.

En paralelo al periodo de audiencias -el cual ha sido coordinado directamente por cada una de las siete comisiones permanentes de la Convención-, han ido ingresando iniciativas populares de norma (provenientes de la ciudadanía) e iniciativas convencionales de normas (presentadas por los integrantes de la Convención).

Sobre las iniciativas populares de norma es útil indicar que -a la fecha- se han presentado más de mil, siendo solo ocho las que han conseguido superar las 15.000 firmas requeridas para ser discutidas por la Convención. De las que han obtenido las firmas, destaco especialmente aquella que pretende mantener la autonomía de nuestro Banco Central, la que protege el derecho a la vida y la que resguarda la propiedad de las personas sobre sus ahorros previsionales. Siendo esta una de las principales herramientas para promover la participación ciudadana, debe tenerse en consideración que solo será posible patrocinar iniciativas hasta el primero de febrero de este año. Además, cabe señalar que las iniciativas que consigan los patrocinios requeridos deberán -para formar parte de la propuesta final que realice la Convención- contar con la aprobación de dos tercios de los convencionales reunidos en el Pleno.

Sobre las iniciativas convencionales, en tanto, conviene relevar que a la fecha se han presentado más de un centenar, en toda clase de materias. En mi caso, he promovido normas en tópicos tales como principios constitucionales tributarios, regulación de la función jurisdiccional y prohibición y sanción del terrorismo. Adicionalmente, hemos estado trabajando con diferentes convencionales para ingresar normas en materias tales como libertad de emprendimiento, descentralización, estatuto antártico y regulación de la política fiscal y de la política monetaria. Las propuestas en las que he colaborado -cuyo diseño considera tanto la opinión experta como nuestra historia constitucional- pretenden no solo perfeccionar el funcionamiento de nuestra institucionalidad, sino que también innovar en materias que requieren una nueva mirada, en aras a cumplir con las aspiraciones y necesidades actuales y futuras de nuestro país.

Lo que ocurrirá en la Convención no solo será relevante para la generación presente, sino que tendrá un impacto relevante en el bienestar -en la medida que consensuemos una regulación constitucional coherente, moderna y que promueva el desarrollo- de las futuras generaciones. Por ello es tan importante que la ciudadanía no solo se informe del proceso, sino que también se haga partícipe del mismo. Lo que viene a continuación es una de las partes más relevante de este proceso histórico: la discusión y votación de las normas en las comisiones temáticas, hito que se iniciará en los próximos días. En mi caso, que integro la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, tendré que referirme en primer término a materias tales como el estatuto de la minería, normas y principios de responsabilidad fiscal y temáticas asociadas a la protección del medio ambiente. Lo que zanje cada una de las siete comisiones será posteriormente discutido y votado por el Pleno. En este punto es crucial explicar que el hecho que las normas constitucionales propuestas exijan el apoyo de dos tercios de los convencionales es valioso y necesario, toda vez que la referida exigencia promueve la búsqueda de acuerdos amplios y duraderos que otorguen la necesaria estabilidad jurídica que necesita nuestro país.

En definitiva, es de esperar que este segundo tiempo de la Convención -en el que nos jugamos la calidad de la propuesta constitucional sobre la que deberá pronunciarse la ciudadanía- tengamos el compromiso de todos. Con apertura al diálogo, empatía y consideración al saber técnico y a nuestra historia constitucional, podremos ofrecerle a Chile una Constitución que nos ayude a superar la crisis institucional por la que atravesamos y que nos permite abordar responsablemente los diferentes desafíos que tenemos a través de la inclusión de principios, instituciones y herramientas eficaces y correctamente diseñadas.