Entre la legalidad y la ética medioambiental

A la espera del recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones se encuentran los vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé, quienes solicitaron declarar ilegal la intervención de más de 5 hectáreas de especies nativas en el sector sur de Punta Arenas.

La situación es compleja, toda vez que la Conaf aseguró a través de una carta al municipio que no existe impedimento legal que prohíba construir cerca de 200 viviendas sociales en el terreno que hoy se distingue por lengas, ñirres y una diversidad de especies, además de estar en un área cercana al humedal del Parque María Behety.

Hace algunos días las máquinas amarillas comenzaron a trabajar en terreno, abriendo una franja para posibilitar la conectividad del sector del “Barrio Chilote” con la Costanera. Los vecinos observaron, pusieron el grito en el cielo y se activaron al conocer que aquello es sólo un adelanto de lo que vendrá.

Todos coinciden en que no están en contra de la construcción de viviendas sociales. Sería absurdo. La pieza faltante del rompecabezas es cómo lograr que el proyecto conviva con el medioambiente.

Conaf plantea la reforestación. Sin embargo, aquello es visto como sinónimo de solución a largo plazo, lo que no convence.

Hoy la batalla recién está en ciernes, porque una decisión respecto del futuro puede extenderse en plazos poco prudentes o bien, ser zanjado de manera rápida si existe voluntad por parte de los actores involucrados. Cualquiera sea el caso, se verán enfrentados lo legal y lo ético, porque aunque la ley no impida la intervención, hay una realidad medioambiental que tampoco debiera ser pasada por alto.

En todo caso, lo recomendable hoy es esperar la decisión de la Corte de Apelaciones, y evitar mirar realidades instaladas en el norte del país, donde la entrega de permisos para deforestar resulta, a todas luces, incomprensible.