Convención Constitucional: la igualdad ante la ley bajo amenaza

Aestas alturas para todos es evidente que la Convención Constitucional -que se encuentra enfrentando horas decisivas- no solo está actuando de manera poco rigurosa en la formulación de las propuestas de normas constitucionales, sino que tiene un espíritu eminentemente refundacional. En efecto, uno de sus pilares es la creación de un Estado Plurinacional.

Este cambio estructural era previsible desde el inicio del trabajo de la Convención, toda vez que ya en la discusión del Reglamento de la misma se observaba un marcado interés por realizar distinciones -arbitrarias, a mi juicio- en relación a los asuntos indígenas. De hecho, y aunque públicamente tuvo un impacto acotado, en dicho momento se aprobó un reglamento especial para regular la participación de los pueblos indígenas, el cual motivó críticas del sector político que represento. ¿Por qué se convirtió en un tema prioritario para la Convención? La relevancia de esta temática tiene su principal explicación en que el sistema electoral que se aplicó en la elección de los convencionales produjo importantes distorsiones por el establecimiento de los famosos escaños reservados.

Hoy -y a pocas semanas de terminar el trabajo de las distintas comisiones temáticas- tenemos múltiples normas ya aprobadas por el Pleno que dan cuenta de un debilitamiento importante de la democracia liberal representativa que conocemos. Es, por cierto, lamentable este debilitamiento puesto que -como bien explica Lucía Santa Cruz- la democracia liberal es el único sistema político que garantiza el ejercicio de nuestras libertades civiles más esenciales.

Entre las normas ya aprobadas por el Pleno, es imposible -entre las más de cien ya aprobadas- no referirse a aquella que establece que “los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno”. A ella se suman las normas que establecen el denominado “pluralismo jurídico”, el cual no es otra cosa que el establecimiento de sistemas de justicia diferenciados en función de la pertenencia a un pueblo originario. Este cambio, como se observa, también es radical ya que -a diferencia de lo que ocurre hoy en día- establece que la jurisdicción no la ejercerán exclusivamente los tribunales de justicia, sino que también las autoridades de los pueblos indígenas.

Como se aprecia, se tratan de modificaciones estrechamente relacionadas que, en último término, reemplaza a la igualdad ante la ley por un excesivo y -por el momento- difuso pilar indígena. Los convencionales que han impulsado este pilar, ignorando que somos diferentes y que sus modelos han sido severamente cuestionados, ven en países como Bolivia y Ecuador los modelos a seguir en la materia. La implementación de este radical cambio puede ser especialmente problemática, debido a que por el momento no existen garantías de que los derechos fundamentales de las personas serán efectivamente respetados (la incertidumbre jurídica puede resultar intolerable para muchos).

En definitiva, la Convención Constitucional está afectando uno de los derechos fundamentales más relevantes de las personas: la igualdad ante la ley (reconocido formalmente por primera vez en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789). Este derecho -que es la base de cualquier democracia- es fundamental pues constituye el principio en que se basa la idea de Estado de Derecho. Con lo aprobado por la Convención, las personas -qué duda cabe- no seremos libres e iguales bajo la ley, puesto que no estaremos sujetos bajo las mismas reglas. Lamentablemente, la Convención Constitucional optó por generar nuevas desigualdades arbitrarias, en vez de abocarse a solucionar los graves problemas político-sociales que ya teníamos. Lamentablemente.