Responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos

– Así, de este modo, si existe una deuda de pensión de alimentos de al menos 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos, se podrá solicitar al tribunal que ordene el pago de la deuda con fondos de cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del deudor. 

Se estima que más del 90 por ciento de las pensiones de alimentos adeudadas se pagó gracias al tercer retiro de fondos desde las AFP.

Frente a esta dramática realidad, surge la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, aprobada el pasado mes de agosto por el Congreso.

La novedad es que ahora será el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros documentos financieros de quienes poseen deudas.

De esta manera se procura generar un mecanismo de pago permanente; mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, asegurando que niños, niñas y adolescentes reciban recursos que por derecho les corresponden.

Así, de este modo, si existe una deuda de pensión de alimentos de al menos 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos, se podrá solicitar al tribunal que ordene el pago de la deuda con fondos de cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del deudor. 

No hay que desconocer que no es un proyecto que solucione el problema de fondo, porque hay muchos deudores que no están bancarizados y no tienen fondos en las AFP y esos casos quedan fuera.

Esta ley empezará a regir seis meses después de que se complete la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto último ha sido fijado para noviembre próximo.

Un informe de análisis de la ley por parte de la Corte Suprema, echa de menos los reforzamientos presupuestarios por parte del Estado, que permitan a los tribunales hacer frente a la carga de trabajo que se originará con las actuaciones judiciales que la ley ordena efectuar bajo plazo, y contar las herramientas técnicas necesarias para enfrentar los desafíos que esta iniciativa trae aparejados.

Se calcula que más de 900 millones de dólares no llegan a los niños, por lo que esta herramienta legal hace posible que sea la justicia la que vaya detrás de los montos adeudados, buscando con ello terminar con el verdadero peregrinaje de miles de mujeres, que se convierten en investigadoras privadas para perseguir los recursos adeudados.

Indudablemente se trata de un mecanismo esperanzador, y un paso importante para millones de mujeres que anhelan poder sobrellevar la mantención de sus hijos, dando viabilidad al cobro.