Presidente de fundación solidaria es llevado a la justicia por millonaria estafa

Una formalización y una querella enfrenta un joven representante de una fundación solidaria de Punta Arenas, a quien se le imputa un delito de estafa que supera los $32 millones.

La causa fue vista ayer en el Juzgado de Garantía, donde se conocieron los antecedentes que sindican a J.L.B.B. como el autor de un complejo episodio que tiene sólo a una víctima, el mismo denunciante que acusa la entrega de dicha suma de dinero a través de, al menos, 11 giros.

Los hechos conocidos indican que en agosto de 2019 el afectado, un adulto mayor, fue contactado vía telefónica por el imputado, quien se presentó como presidente de una fundación (legalmente constituida en Magallanes), a la cual había recurrido la hija de este hombre denunciándolo por agresión en la vía pública. Sin embargo, éste aseguró que aquello no era efectivo y que la última vez que habían tenido contacto había sido tres años antes. Fue a través de este llamado donde además se impuso que su hijo tenía nuevo nombre y sexo y era ahora mujer.

También se le informó que la joven estaba en una casa de acogida, bajo supervisión de su fundación. En el diálogo, el querellado le solicitó al hombre reunirse al día siguiente, acción que se concretó en la oficina de un abogado. En la oportunidad el padre de la menor conoció nuevos antecedentes, se le acusó de amenazas de carácter homofóbico y se le exigió la suma de $350 mil para costear los gastos incurridos para el cuidado de su hija durante tres meses. Asimismo, se involucró a una tercera persona, una mujer que sería la propietaria de la casa de acogida y que, supuestamente, habría recibido dicho dinero de manos del querellado.

Horas después el afectado nuevamente fue contactado por teléfono por J.L.B.B., quien esta vez le pidió reunirse para señalarle que su ex esposa había iniciado acciones legales en su contra por una supuesta suplantación de identidad con la cual otra mujer buscaba obtener beneficios de la empresa de la cual el hoy denunciante era pensionado. Lo anterior -se señala- vino con la expresa recomendación de evitar dañar la imagen de su fundación a la cual estaba vinculada su hija.

La propuesta, entonces, fue recomendarle un abogado con domicilio en Santiago. Este eventual profesional, ex fiscal y  jubilado de la Corte Suprema, lo representaría por $7.000.000. El ahora imputado actuaría de intermediario, asegurando que el caso no se haría público ni llegaría a tribunales. El dinero fue entregado días después luego que el denunciante obtuviera un préstamo por parte de un tercero.

Tras esto vino un nuevo encuentro entre ambos, donde se le solicitaron otros $80 mil para el supuesto abogado y el compromiso de asumir todos los gastos de su hija: manutención, tratamiento psicológico y arriendo de vivienda, de lo contrario -se le aseguró- podía ser llevado a la justicia por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Tras esto, J.L.B.B. le informaría que su ex cónyuge (asistente jurídico), y madre de la joven mencionada, era ahora parte de su fundación.

Junto con ello, con el paso de los días se irían sumando otras personas reconocidas como profesionales por parte del afectado y nombres de terceros desconocidos.

Más y más dinero

Con el correr de las semanas, el afectado fue requerido para entregar otros $500.000 para, supuestamente, costear los pasajes y gastos del supuesto ex fiscal en los trámites de las causas en su contra. Lo que vendría 48 horas después sería la exigencia de $2.000.000 más, esta vez para tramitar la internación psiquiátrica de su hija.

“Amenazó a mi cliente, indicándole que no debía hablar con nadie sobre todo este asunto, ni de su hija, ni de los juicios, acuerdos, dineros y del supuesto problema legal con su ex mujer”, para que ninguno se viera perjudicado. “Además, amedrentaba a mi cliente, diciéndole que podía perder su pensión… que podría perder su casa y podría ir a la cárcel” y que “podía terminar definitivamente con todos los problemas legales que, supuestamente, mantenía, por intermedio de un fiscal de la ciudad de Punta Arenas que él conocía y que cobraba la suma de $30.000.000”, señala en la querella el abogado Cristián Galindo, agregando que ante la negativa de contar con dicha suma el imputado le preguntó: “¿Cuánto tiene?”. Aquello fue zanjado con la entrega de $12.000.000.

Sin embargo, luego vendría la entrega de otros $600.000 para supuestos honorarios de psiquiatra, psicólogo y asistente social; $3.000.000 para evaluación profesional; y varias otras sumas para la manutención de la hija. 

Más antecedentes

Otros antecedentes incorporados en la querella dan cuenta de amenazas por parte de terceros, extorsión y graves acusaciones en contra del denunciante y su ex esposa, las cuales habrían tenido el mismo objetivo de exigir dinero para supuestamente evitar que se llegara a la justicia. También se mencionan montajes, incluso en tribunales y notarías.

Asimismo, se fijó audiencia en el Juzgado de Familia por la supuesta denuncia de la joven, a la cual sólo se presentó el padre con un abogado impuesto por el querellado, quien le aseguró haber pagado los honorarios, dinero que debía serle repuesto a él. La causa fue archivada luego que la joven jamás llegara.

Después de la entrega de dinero en 11 oportunidades, el denunciante buscó ayuda jurídica, llevando la causa a tribunales por el delito de estafa. Se argumenta que de los hechos se desprende que “aprovechándose en todo momento de la inocencia, ignorancia, condición económica, producto de toda una vida de trabajo, preocupación por su hija y buena fe de mi representado, el querellado finge situaciones, inventa supuestos delitos perpetrados por mi cliente, aduce presuntas colaboraciones y otros asuntos, atribuyéndose poder, negociaciones e influencias políticas y jurídicas imaginarias, de las cuales fue víctima el querellante, sufriendo, no sólo una pérdida económica, sino que, también, causándole afectación y daño psicológico producto del miedo, angustia, preocupación e incertidumbre”.