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Reajuste de 12% al sector público: su viabilidad en el Parlamento y análisis a posibles efectos inflacionarios

Por La Prensa Austral Martes 6 de Diciembre del 2022

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Fueron más de tres horas de reunión el viernes, las que terminaron con humo blanco. Es que el gobierno -representado por los ministerios de Hacienda y Trabajo- y los gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) lograron sellar -sin mayores problemas para negociaciones que suelen ser complejas- un acuerdo para una cifra de reajuste salarial que regirá por el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

En detalle, se estipuló que a contar del 1 de diciembre de 2022 los trabajadores con ingresos iguales o menores a $2,2 millones brutos mensuales tendrán un reajuste en sus remuneraciones de un 12%, y aunque está en línea con la inflación esperada para este año, se trata de un ajuste relevante y hay quienes han advertido esto podría implicar efectos inflacionarios.

Por otra parte, para los funcionarios con salarios brutos sobre $2,2 millones brutos, habrá un incremento fijo de $264 mil mensuales. 

Este acuerdo se traducirá en un proyecto de ley que será ingresado al Congreso el próximo 12 de diciembre.

Opiniones divididas
en el Parlamento

Así, previo a ello, se vislumbran opiniones divididas entre los parlamentarios. Mientras desde el oficialismo apuntan a una tramitación rápida y valoran la negociación del gobierno con la MSP, desde la oposición plantean estudiar el proyecto con calma, analizar las informe financiero en detalle y escuchar con atención los argumentos que planteará el Ministerio de Hacienda. 

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (Udi), indicó que “estamos viendo un cambio en la forma de calcular el reajuste sobre la inflación. Antes se hacía con el dato de inflación futura y ahora pareciera que se cambia la regla hacia la inflación pasada. Hay que ver si eso va a ser una constante o qué fórmula se está buscando, porque siempre se había planteado hacia la inflación esperada”.

Asimismo, afirmó que “hay que ver el impacto financiero, sobre todo porque el gobierno ha llamado a ser muy cuidadoso en esa materia. Además, el impacto que puede tener el mundo privado, que usa los reajuste como referencia. Estos tres elementos nos llaman la atención y lo veremos durante la discusión”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Jaime Naranjo (PS), señaló que “no creo que haya mayores inconvenientes en su tramitación ya que es fruto de un acuerdo con las organizaciones de los empleados públicos. Así que veo el trámite expedito”. 

En esa línea, aseguró que “me parece una excelente negociación ya que va a permitir la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos”, además dudó que el reajuste tenga impactos inflacionarios porque es acotado el número de trabajadores y de acuerdo a las autoridades de Hacienda está incorporado en el presupuesto del año 2023. Lo que sí, es una señal para los reajustes de los trabajadores del sector privado que no puede ser ignorada”.

Visión de expertos 

Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, dijo que “el problema con la propuesta del gobierno es que no viene acompañada de suficientes incentivos a mejorar la productividad laboral de los empleados público”. 

Por su parte, Jeanne Lafortune, académica del Instituto de Economía UC sostuvo que “a nivel de la economía si los salarios de los empleados públicos aumentan, como son una parte relevante de la fuerza laboral, puede generar presión inflacionaria como todos los aumentos de sueldo de los trabajadores”. 

“Ahora, también para la parte más normativa de comprender si se debiese o no hacer este aumento, hay que reconocer que justamente los trabajadores del sector público, como del sector privado, han visto su poder de compra bajar a causa de la inflación. Entonces un aumento en parte se compensaría por la subida en la inflación, agregó. 

Rodrigo Saens, académico de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, indicó que “con el reajuste del 12% el gobierno intenta reponer el poder adquisitivo que han perdido todas las remuneraciones. El problema es, sin embargo, la inercia inflacionaria que se genera con este reajuste en base a inflación pasada. Es decir, el mismo reajuste de remuneraciones puede terminar generando más inflación en 2023. Esto le hace más difícil la pega al Banco Central”. 

Por otra parte, Felipe Berger, economista docente de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que “el reajuste que se está negociando va en concordancia con el aumento del costo de vida esperado para este año, si uno lo mira en términos reales el reajuste va a ser 0% (…) en el caso de que este reajuste no sea aprobado por el Congreso, el gran riesgo es que haya un paro generalizado de trabajadores públicos con las consecuencias que ello pueda tener para los usuarios”.

Emol