Significativa baja en el ingreso de causas advierte la Defensoría Penal

Una disminución en el ingreso de causas penales se ha venido advirtiendo durante el presente año, en relación a lo ocurrido durante 2020 en el periodo de pandemia.

Este fue uno de los antecedentes que dio a conocer ayer la Defensora Penal Pública en Magallanes, abogada Gustava Aguilar, al entregar el balance correspondiente al presente año, el último que la tendrá como jefa de esta institución luego de una gestión de dos periodos de cinco años cada uno.

Enfatizó en la baja importante que han tenido las causas, confirmándose la tendencia del año pasado tras salir de un 2020 marcado por la emergencia Covid y que, a su juicio, hizo que los ingresos se incrementaran “de manera exagerada”.

De acuerdo con la estadística, en 2019 se abordaron 3.675 ingresos en la Región de Magallanes, elevándose a 4.201 en 2020, marcando de esta manera el año con mayor número desde la puesta en marcha en 2002 de la Reforma Procesal Penal. Otro peak se había marcado en 2008 con 3.775 causas. Sin embargo, en 2021 se retomó el promedio levemente superior a las 3 mil, con 3.183. Mientras, ad portas de terminar el presente año se llega a 2.661.

Hitos y temas
pendientes

En otros temas, la defensora regional mencionó los hitos relevantes de su institución durante el presente año: la organización del seminario por los 20 años de la Reforma Procesal Penal, efectuado en Punta Arenas conjuntamente con el Poder Judicial y la Fiscalía; la selección de la defensora local de Natales, María Fernanda Benavides, como una de las 150 mujeres líderes de la administración pública; y las capacitaciones conjuntas para defensores organizadas por los departamentos de estudio de las defensorías de Aysén, Ñuble y Magallanes.

También hizo referencia a los temas pendientes que espera se implementen a la brevedad, tales como la falta de un psiquiatra en el Servicio Médico Legal; el convenio actualizado de Salud y Gendarmería para el trabajo de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (Uphi); la necesidad de darle acceso a las mujeres al Centro de Educación y Trabajo, y al centro de Tratamiento a Adicciones; y la ampliación y remodelación de la sección femenina del complejo penitenciario de Punta Arenas. En este último punto, recordó que este año fueron aprobados los recursos FNDR, pero que lamentablemente debido al aumento de los costos dos licitaciones no tuvieron oferentes y una tercera se encuentra a la espera de la aprobación de nuevo presupuesto por parte del Consejo Regional.

Gustava Aguilar destacó también la falta de programas y espacios en los recintos penitenciarios que propicien la reinserción, realidad que afecta principalmente a las mujeres. Además, mencionó el problema que genera en Puerto Williams la falta de Gendarmería y la disminución paulatina en la región de abogados interesados en prestar defensa general y defensa penitenciaria, lo que ha obligado a recurrir a abogados de otras regiones.