Policía recupera armas que podrían haber caído en manos de delincuentes

“En la medida en que logremos que un arma no esté en manos de un delincuente, eso genera una sensación de seguridad en la población porque todas estas armas que no estaban regularizadas, están bajo el riesgo de caer en cualquier momento bajo otro delito de robo o hurto, en poder de delincuentes que pueden mal usarlas”, dijo el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía, Felipe Aguirre.

Esto lo señaló en un punto de prensa donde la Policía de Investigaciones dio cuenta de diligencias que permitieron recuperar decenas de armas entre pistolas, escopetas, rifles y revólveres, además de cartuchos balísticos, que se encontraban de manera irregular. 

La prefecta Elvira Aranda, jefa subrogante de la Región Policial de Magallanes, señaló que “en septiembre de 2022 se conformó un grupo de detectives, quienes en conjunto con SACFI han realizado diversas investigaciones con la finalidad de ubicar a las personas que tienen en su poder armas, cuyos dueños han fallecido”. 

Las diligencias investigativas han permitido recuperar mediante la entrega voluntaria, un total de 79 armas:  37 en un primer periodo y 42 desde octubre a la fecha, además de 1.152 cartuchos balísticos.

Felipe Aguirre destacó esta labor y explicó que esto es “parte de un levantamiento de información en donde se hace un análisis de todas las armas que están en situación irregular y luego, a través de una búsqueda activa del personal policial, se ha logrado este importante resultado”. 

Según los registros que mantiene la PDI, en un 30% de los casos los familiares han declarado la intención de registrar las armas a su nombre, por lo que éstas han sido devueltas a quienes han cumplido con su regularización y cuentan con la autorización para su tenencia. En tanto, otras personas han manifestado su intención de que el arma sea destruida.

La coordinadora regional de seguridad pública, María de los Angeles Flores pidió a los familiares a que se acerquen a las entidades fiscalizadoras y comiencen el proceso de regularización para el cual tienen 90 días de plazo una vez fallecida la persona.