Libertad de prensa y control financiero de los medios

El ministerio secretaría general de Gobierno encargó a tres universidades elaborar un informe sobre los medios de comunicación de nuestro país. Para dicho trabajo, se convocó a distintas organizaciones gremiales y entidades expertas en esta materia.

Pero, al conocer los lineamientos de este estudio, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) resolvió no concurrir a la mesa, tras hacer ver su inquietud por las implicancias que tendría una iniciativa como la impulsada desde el actual gobierno.

Un primer punto a considerar fue que no se estaba impulsando este trabajo desde la sociedad civil, sino de las instancias gubernamentales y estatales que son uno de los principales objetos de fiscalización de los medios.

La ANP planteó que se apreciaba el ánimo de promover nuevas regulaciones en torno a la prensa y la libertad de expresión, que apuntaban más que a garantizar tales derechos a establecer una suerte de control de los medios, a través de diversas herramientas, entre ellas el financiamiento y el avisaje estatales.

“Más amplitud, más voces, más democracia” se titula el informe conocido, en cuya presentación se busca resaltar la participación de la academia, a través de tres universidades, como una forma de dar garantías de imparcialidad. Pero, la ANP aprecia en esto una estratagema para disfrazar el ulterior interés político: controlar el contenido de los medios de comunicación.

Para la Asociación Nacional de la Prensa, el referido trabajo parte de una premisa falsa, en cuanto desconoce la gran variedad de medios de comunicación hoy existentes en el país y la facilidad que hoy existe para crear nuevos canales de comunicación tanto respecto de prensa escrita, como radial y televisiva. Las barreras de entrada a este “mercado” son mínimas y el informe no se hace cargo de la gran amenaza que representa el monopolio actual de las grandes plataformas vinculadas a los gigantes de la tecnología.

Las principales democracias están preocupadas por esta concentración, en todo lo que ello está implicando y puede significar en términos de control y de otra gran amenaza: la desinformación.

Una parte clave del informe es que concluye que, para garantizar el pluralismo y la diversificación de los medios -y, por ende, de las voces- se quiere debilitar la llegada de publicidad estatal a las audiencias y crear medios de propiedad estatal que pudieran tener un impacto monopólico sobre todo en regiones, poniendo en jaque a los medios locales.

Este gobierno y los que vendrán deben trabajar para que en nuestro país haya realmente libertad de expresión y de prensa, respetando la libertad editorial. La inquietud expresada por la ANP va en el sentido de que las propuestas conocidas apuntan a lo contrario, al poner en énfasis en un mayor control en la regulación de los medios y dar cabida a tentaciones autoritarias, además de apelar a la vieja práctica de estrangular medios vía quitar avisaje y/o las líneas de financiamiento.