Unos ochenta profesores no han podido retirarse del sistema municipal desde 2020

El miércoles se inicia el año escolar en establecimientos particulares privados y el viernes 3 para todos los alumnos, mientras que los profesores del sistema municipal observan para hoy, el inicio de sus actividades, y especialmente en Punta Arenas, con un ojo puesto en sus cuentas, para ver si el sueldo se les paga de manera íntegra y no tienen las sorpresas desagradables del mes pasado, en que solamente recibieron un 60% en la fecha estipulada. Un escenario que no invita a ser muy optimista para el 2023, el último año con la administración de la educación pública en manos de las Corporaciones Municipales, para dar paso, a partir de 2024, a los Servicios Locales de Educación Pública (Sleps).

Para agregar complicaciones, hay una cifra de profesores que no han podido acogerse a retiro desde 2020, lo que ha aumentado la dotación en las listas de los establecimientos educacionales.

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade es una de las que vislumbra que será un año complicado y de mucha actividad para el Magisterio, no necesariamente ligada a las salas de clases. 

En primer lugar, se refirió a las dos maneras que tienen los profesores de acogerse a retiro, una de las cuales está retrasado desde 2020, el Bono de Retiro Programado, que se diferencia del Bono de Adelanto de Subvención, que se realizará a través de los Sleps. “Tienen dos listados distintos de gente que se retirará. El Bono de Retiro Programado está atrasado tres años, y es donde los colegas que cumplen 60 años se inscriben y termina este año, pero tienen dos años de retiro y por lo tanto, se están retirando a los 64-65 años. Y que también está en trámite para hacerlo más extensivo”, indicó Andrade, que calcula que “son cerca de ochenta colegas, si no más, porque son de toda la región”.

La diferencia con el Bono de Adelanto de Subvención es que este último “a los colegas les ofrecen una cierta cantidad. Por ley les corresponden 11 años, pero tenemos colegas que están de antes de 1984, y les rige otra ley y debiesen obtener mayor finiquito. Por lo que hablamos la última vez con el seremi de Educación es que había 56 postulantes y de ellos, a cuarenta más o menos, les faltó documentación o estaban mal hechos, no que no se hayan podido retirar. Esto debería cambiar con la Ley Miscelánea, que aquellos que tengan la documentación completa, puedan hacer el trámite, y el resto regularizar. Antes no se podía, por ley, porque si había uno que estaba errado, se devolvía el trámite con todas las personas, y eso es lo que ha estado pasando: no se han entregado los recursos para que estos colegas se puedan retirar”, explicó. De hecho, la presidenta regional del Magisterio recordó que “el año pasado hubo colegas que se anotaron en este bono y no se pudieron retirar, y en marzo tuvieron que volver a sus escuelas, y sus puestos estaban ocupados por otras personas”.

Esta situación, advierte, se da solamente en Punta Arenas, “porque tuvimos la posibilidad de ver los Padem de otras comunas y estaban bastante acotados y frente a la realidad que tienen cada uno de ellos”.

La incertidumbre del 2023

Violeta Andrade vislumbra que este año se mantendrá esta situación de no saber si recibirán sus sueldos completos en Punta Arenas, “esperemos que no, pero no se ve un futuro muy beneficioso. Lo que se debiese hacer es un cambio en el pago de subvención, si se cambia a basal, los recursos que llegarían serían mayores que los de ahora, que son por asistencia. Esa es una medida que debiese tomar el gobierno, pero está dentro de nuestro plan como mesa del Colegio de Profesores con el ministerio”, apuntó.

Observa con desconfianza el proceso de los Servicios Locales, dado que el funcionamiento en otras regiones del país no ha sido el óptimo, por lo que el Colegio evaluará en mayo su gestión, con miras a los que se incorporarán en 2024. “Si bien la Ley Miscelánea habla de retrasarlos en 24 meses, porque antes se hablaba de diez meses en que podían hacer disminución de personal o de gente que estaba en las comunidades educativas, ahora la Ley Miscelánea habla de 24 meses, por lo tanto, tampoco tienen la facultad de despedir como era antes, y eso les terminará afectando, porque tampoco tendrán los recursos para financiar las comunidades educativas con el personal que tienen”.

Recordó asimismo, que el año pasado “se le entregó el retiro a diez personas y los demás colegas debieron volver a sus escuelas, pero muchos de los que se retiraron estaban en la otra lista y tuvieron la posibilidad de cambiarse. Y a los que estaban por ley el año pasado, la municipalidad les entregó un bono por las irregularidades que ellos mismos cometieron”.