Inicio del año escolar e incertidumbre de profesores

Ad portas del inicio del año escolar, se dio a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de protección interpuesto por la presidenta comunal del Colegio de Profesores en contra de la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal. 

La referida presentación surgió a propósito del pago parcial de los sueldos de los profesores, asistentes y administrativos que están en el sistema municipalizado durante el mes de enero. El tribunal de alzada desestimó el recurso sosteniendo que tal vía no era el procedimiento idóneo para resolver el conflicto planteado, a la vez que observó que, finalmente, la Cormupa saldó la diferencia y, por ende, cumplió enteramente con su obligación contractual.

Más que un traspié, el gremio valoró que, al menos, la Corte de Apelaciones reconoció que las remuneraciones constituyen un derecho de propiedad de los profesores, marcando -a su juicio- un precedente importante que evitaría que se vuelva a repetir el pago parcial de los sueldos en el futuro.

Lamentablemente, este caso ha sido el corolario de sucesivos episodios en los cuales, por estrés y déficit financiero, la Cormupa no ha tenido los recursos suficientes para hacer frente a sus responsabilidades. 

El alcalde de Punta Arenas está urgiendo al Ministerio de Educación para que dicha secretaría provea recursos suficientes para que la municipalidad pueda pagar sueldos y también los servicios básicos de los colegios, a la espera del traspaso definitivo de los establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación Pública, a partir de 2024.

Este cuadro se cruza con otro problema: el creciente número de profesores que no han podido retirarse del sistema municipal desde 2020. Ello debido al atraso, en tres años, del Bono de Retiro Programado y del Bono de Adelanto de Subvención, este último por problemas, más bien, de procedimiento y administrativos. 

Todo lleva a que el magisterio enfrente con incertidumbre este año, mientras la municipalidad sigue lidiando con un problema de base: el pago de subvención por asistencia de los estudiantes y no por matrícula.

Parece que el gobierno tiene mucho que decir y hacer al respecto para la tranquilidad de las comunidades educativas y para que los estudiantes no sean los perjudicados con este conjunto de problemáticas no resueltas.