Crisis de las isapres… el Estado al rescate

El fallo de la Tercera Sala de la Corte de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de noviembre del año 2022 estableció, en términos generales, que todos los planes de Isapre se deben regir por la tabla de factores de riesgo del año 2019, sean nuevos o antiguos. En términos particulares establece lo que sigue: a) todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la Superintendencia de Salud que entró en vigencia el año 2022, b) en atención a lo resuelto, los menores de dos años se excluyen del precio final del plan, salvo lo correspondiente a la prima Ges, c) así las cosas, el precio final futuro no se modifica con la edad; es inmodificable en el tiempo, salvo que sea beneficiosa para el cotizante.

En términos sencillos las isapres deberán ajustar sus planes y devolver dinero a los cotizantes conforme a la fórmula planteada lo que implica un alto impacto económico a las isapres que algunos calculan en una caída de 40 mil millones de pesos cada año, suma que incrementaría las pérdidas por más de 2.760 mil millones de pesos en los últimos dos años de estas instituciones de salud previsional. En términos de cotizantes el fallo alcanza a todos los contratos que se firmaron antes de 2020 que equivale, aproximadamente a un millón y medio de personas.

Frente a esta situación tan apremiante y de efectos brutales en la situación financiera de las isapres se ha planteado, con fuerza, la necesidad que el Estado vaya en su rescate, por supuesto por medio de recursos y modificaciones que deben ser concretadas por leyes.    

En principio y especialmente considerando que el sistema de seguro de salud chileno es mixto o, si se quiere, consta de dos componentes: uno completamente privado que establece opciones para los cotizantes por medio de las diferentes isapres y otro público que se concreta con el Fondo Nacional de Salud: Fonasa, me parece que cualquier acción de rescate al sector privado, considerando los altos montos implicados en cuanto a la pérdida de arrastre y a la pérdida que se generará con el ajuste, es un despropósito existiendo un sistema público que podría verse fuertemente fortalecido con semejante inyección de recursos. Esto considerando sólo la institucionalidad y los recursos.

Pero el problema es más grave e incluye más actores: las clínicas privadas, los prestadores de servicios médicos en sus diversas manifestaciones y los diferentes bienes y servicios que se desarrollan alrededor de las clínicas privadas y ante ello el problema es algo más profundo que un mero traspaso de dinero o salvataje a privados pues, la decisión final debe comprender todos los elementos afectados por una eventual quiebra o término del sistema de seguro privado de salud por ello no se trata de una solución ideológica, pero sí de una solución correcta que considere los intereses públicos y el particular bien que se protege con estas normas: la salud humana.

No obstante lo indicado, no puedo dejar de pensar en la similitud con el salvataje económico a los bancos en la década de 1980 y cómo esta acción generó riquezas importantes para algunos en perjuicio de los chilenos, cuestión que probablemente se producirá si se beneficia a instituciones privadas que generan dividendos para sus accionistas que se reparten más allá de la procedencia de los recursos. Así las cosas, entre el salvataje del Estado a los privados y el fortalecimiento de la institucionalidad pública para la administración de los seguros de salud de sus ciudadanos, me parece que vale la pena agotar la segunda de las alternativas antes de pensar en la primera.