Seguridad pública: ¿contradicciones, indolencia o connivencia?

La semana pasada terminó con toda la carga, consternación y malestar que provocó el asesinato de la sargento Rita Olivares, ascendida en forma póstuma a suboficial mayor de Carabineros.

Sobrevino el informe de la Onu sobre el entonces proyecto Naín-Retamal y la evidente contradicción de los máximos exponentes y partidarios del gobierno respecto de la legitimización del ejercicio de la fuerza y las atribuciones de las policías para recuperar el orden público.

Ahora, esta semana está terminando con toda la carga, consternación y malestar que ha generado el asesinato del cabo -hoy suboficial- Daniel Palma. 

Parece que estuviéramos viviendo un dejavú, mientras los medios nacionales e internacionales destacan el crecimiento de la violencia en Chile.

El gobierno -sobrepasado o no- dejó atrás las polémicas y el Presidente Boric optó por promulgar la Ley Naín-Retamal, en concordancia con lo acordado en el Congreso, pero nuevamente ganándose el cuestionamiento de sectores oficialistas.

En este escenario, es lamentable que el debate sobre seguridad se polarice.

Más allá de las profundas diferencias ideológicas, existe una realidad inobjetable: Chile enfrenta un problema de seguridad pública que puede llegar a sobrepasar a la sociedad y que requiere de un cierre de filas de todos los poderes del Estado.

Las estadísticas del Ministerio Público, las policías y los tribunales son claras al respecto. El avance de la delincuencia, en todas sus formas, la instalación de grupos de crimen organizados en el país y el recrudecimiento de la violencia han sido evidentes en los últimos años.

Ello ha ido de la mano con un deterioro de la credibilidad de las instituciones, entre ellas de las policías, dado esto no sólo por campañas ideológicas, sino también por el accionar corrupto de sus propios altos mandos. 

Pero, también han existido decisiones gubernamentales que han propiciado ambientes favorables para la expansión de los delincuentes y, sobre todo, de los narcotraficantes y bandas que provienen de otros países.

Más que activos, los políticos y los parlamentarios han sido reactivos, legislando a la rápida como reacción de ciertos casos, sin pensar a mediano y largo plazo en robustecer la legislación ni en dotar a las policías y otros servicios afines del personal, recursos y material necesarios para poder desarrollar estrategias y planes que permitan prevenir, perseguir y sancionar a quienes delinquen, usan el terror y asesinan.