Denuncia de Agrupación de DD.HH.: ¿Ignorancia o desidia?

Molestia y preocupación existe entre agrupaciones de derechos humanos y ex presos políticos debido a los trabajos que fueron autorizados en el recinto del estadio Fiscal y que, según denuncian, amenazan el sitio de memoria que fue ocupado como  centro de detención, interrogatorio y tortura durante la dictadura militar.

Esto ha provocado que la Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier y la Agrupación de ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes hayan expresado su inquietud a las autoridades regionales, pero, a la vez, enviado una carta al Consejo de Monumentos Nacionales, la primera, y emitido una declaración pública, la segunda.

Cabe recordar que, por gestiones llevadas adelante por la Agrupación Orlando Letelier, el 11 de septiembre del año pasado, se instaló una placa conmemorativa frente a los camarines del recinto deportivo, para recordar que en tales instalaciones se albergó el referido centro de detención y tortura. El monolito levantado busca rememorar lo que vivieron diariamente las personas que allí fueron confinadas y obligadas a realizar trabajos forzados y sufrieron todo tipo de vejámenes que son considerados graves violaciones a los derechos humanos, incluidos simulacros de fusilamiento, entre 1973 y 1974.

Aquellas instalaciones, por ende, están bajo la categoría de sitio de memoria, que le cabe a los centros clandestinos de detención o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados con el accionar de violaciones sostenidas a los DD.HH. por parte de agentes del Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. 

En Chile, hay sobre 40 sitios de memoria y las referidas dependencias del estadio Fiscal son parte de tal listado, uniéndose a la red nacional que persigue la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

De más está calificar de grave, entonces, lo que ha estado aconteciendo en el estadio a propósito de obras que, siendo necesarias, debieron considerar la aludida declaratoria de sitio de memoria y haber tomado todos los resguardos debidos por el carácter patrimonial del recinto y su entorno.

Lo sucedido lleva a cuestionar a quién o quiénes autorizaron dichas obras bajo las condiciones denunciadas y a preguntar si lo hicieron por mera ignorancia o simple desidia. El agravante está dado, además, porque todo ha sucedido en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

No se pueden permitir ni el negacionismo ni el irrespeto a los sitios de memoria y otros recintos que deben ser resguardados a favor de la memoria y del necesario “¡Nunca más!”.