Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de pensiones
Una de las normas recientemente promulgadas que le cambiará en forma sustancial la vida a miles de mujeres e hijos en nuestro país es la Ley de Responsabilidad Parental, que desde el sábado de la semana pasada comenzó a regir y permitirá ir saldando una de las mayores injusticias que enfrentan las familias chilenas encabezadas por una jefa de hogar.
Se trata de una norma que establece un mecanismo permanente, expedito y efectivo para que se logre que los padres cancelen las pensiones de alimento a sus hijos e hijas y lo hagan en un tiempo prudente.
Así esta ley permitirá terminar con el verdadero peregrinaje que han debido sufrir las mujeres cuyos cónyuges o ex parejas no cumplen con el pago oportuno de este aporte mínimo que como tales deben hacer para la manutención de sus hijos y para asegurarles que podrán terminar en forma regular sus estudios básicos y de enseñanza media y, luego, seguir y optar por carreras a nivel técnico o universitario.
Previo a ello, el sistema imperante obligaba a las mujeres a ser verdaderos detectives para perseguir los recursos que permitieran que se pagaran las deudas de alimentos.
Ahora se faculta al tribunal competente a iniciar una indagatoria sobre el patrimonio activo del deudor en las cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional voluntario y en los instrumentos financieros o de inversión.
Un elemento fundamental será que, en el caso de que el alimentante no mantenga fondos o que éstos no sean suficientes para el pago de la deuda, la parte demandante podrá pedirle al tribunal que consulte a la administradora de fondos de pensiones correspondiente respecto de los saldos que el deudor mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
Con el retiro del 10% de los fondos de las AFP quedó al descubierto la realidad de miles de pensiones impagas y este camino permitió saldar en parte muchos de estos incumplimientos.
La experiencia favorable hace abrigar la esperanza de que el nuevo sistema permitirá apoyar a que las madres y sus hijos que enfrentan el incumplimiento de tal responsabilidad parental no se sientan solos ni desprotegidos en este ámbito.
Otro elemento importante es que la norma inhabilita a los deudores para ser candidatos a cargos de representación popular, desde gobernadores regionales, pasando por consejeros regionales, alcaldes o concejales.
Con este mecanismo en marcha, el Estado se hará cargo de terminar con la violencia económica que viven miles de mujeres y sus hijos e hijas, a quienes se les adeuda el derecho parental.