Desinformación y fake news

Esta semana el gobierno comunicó oficialmente, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, que conformará durante julio la denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, que dependerá y será encabezada por el ministerio de Ciencia.

De inmediato, se encendieron las alertas sobre las implicancias que el trabajo de este grupo asesor pueda tener en uno de los derechos fundamentales para la sanidad de toda democracia, como es la libertad de expresión.

En gran parte del mundo, se están viviendo momentos complejos respecto de la información, los medios masivos, el acceso a internet y la proliferación de los dispositivos y las redes sociales. Una de las principales preocupaciones tanto de la prensa como de los gobiernos ha sido que el avance tecnológico está siendo usado para desinformar, principalmente en procesos electorales, y para difundir noticias falsas o fake news.

Ciertamente que debe existir preocupación sobre todo aquello, pero la forma en que está respondiendo el Ejecutivo también genera inquietudes, pues no son pocos los analistas que observan que las propuestas que emanen del referido grupo asesor dependerán mucho del pluralismo de su conformación y de lo que se entienda por desinformación.

El Ejecutivo, a través del ministerio secretaría general de Gobierno, ha estado trabajando desde que se instaló en este tema, siendo asesorado por otros gobiernos y también por la academia.

Sin embargo, desde el mismo mundo académico se ha alertado sobre cuán riesgoso resulta esgrimir el discurso de la necesidad de cuidar la democracia impulsando medidas que busquen controlar la información. Ello, porque la tentación siempre será que un órgano oficial -siempre dependiente del gobierno de turno- establezca cuál es la verdad. 

Lo antes descrito implicaría, casi irrefrenablemente, la instalación de una “verdad oficial” y el combate de todos aquellos medios y opiniones divergentes. Entonces, en vez de proteger la democracia y el pluralismo, se estaría controlando el contenido de los medios de comunicación y teniendo un poder de censura.

La Asociación Nacional de la Prensa tomó la decisión de retirarse de la mesa de trabajo instaurada por el Ejecutivo, donde se comenzó a abordar este tema, siendo su postura totalmente clara: la desinformación no se puede enfrentar a través de herramientas jurídicas que vulneren un derecho humano como es la libertad de expresión.