Necrológicas

 – Alejandra Marzi Aravena

Corporaciones y Fundaciones: la misma corrupción…la misma ignorancia

Por Carlos Contreras Martes 15 de Agosto del 2023

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No cabe duda que los traspasos, por parte del Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva constituida, principalmente por militantes del partido político principal del gobierno, Revolución Democrática, han dado cuenta de un sistema de corrupción que no era esperable de quienes vinieron a cambiar la política, pero esto siempre ha acontecido.

En efecto, y sin necesidad de empatar en la bajeza de las situaciones, sino que, con el objeto de dar cuenta de un patrón histórico, ya en dictadura diversas fundaciones fueron beneficiarias de muchas transferencias en dinero y propiedades, siendo la más célebre “Cema Chile”, sin que existiera fundamento jurídico o de necesidad alguno y, así muchas fundaciones o centros de pensamiento han sido favorecidos con transferencias en recursos sin mediar contraprestación alguna o una defectuosa, y ello da cuenta que existe la misma corrupción, en este gobierno que en gobiernos y épocas anteriores cuando existen transferencias que no se justifican con una contraprestación en trabajo o tareas cumplidas conforme a la ley. En resumen, nos damos cuenta que, existe la misma corrupción o, a lo menos, los mismos indicios de corrupción de siempre.

Pero, lo verdaderamente sorprendente es que en esta etapa de desarrollo sigamos contando con la misma ignorancia por parte de autoridades y de quienes pretenden representar intereses públicos cuando se trata de estas situaciones. Veamos.

La primea muestra de ignorancia se manifiesta en la cantidad de denuncias infundadas que los actores políticos, especialmente diputados y concejales; digo infundadas porque una pequeña revisión de los actos administrativos que constan en las páginas web de transparencia activa de los servicios y órganos permite descartar a priori actos de mera transferencia sin justificación (corrupción) de actos que están justificados (que son necesarios para la gestión), por ejemplo, en el sistema de compras públicas. Esta es la ignorancia mayor.

También existe la ignorancia de quienes no conocen ni el sistema de gestión pública, ni las condiciones geográficas y de vida de las diferentes regiones y localidades en nuestro país. En efecto, tratándose de nuestra realidad regional, por más que la Contraloría o los órganos superiores de administración quieran equiparar los poderosos municipios y comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, Concepción o Valparaíso con Porvenir, Primavera, Cabo de Hornos, Laguna Blanca o Rio Verde, sabemos que ello no es posible, pues estos municipios locales no cuentan con profesionales especializados en las diversas tareas para atender la satisfacción de las necesidades, tampoco contamos con los mismos e ingente recursos y, finalmente, muchas veces contar con algún especialista que, efectivamente haga la pega, es un privilegio; por otra parte, es normal que las obras no se ejecuten, o se ejecuten mal, así como, los servicios son deficientes o insuficientes y, por ello la gestión falla; por ello se deben buscar los medios que nos permitan suplir las deficiencias de un mercado pequeño en cuanto a proveedores con la propia ley de compras. Esta ignorancia es menor, pero tampoco excusa a los órganos y autoridades públicas, pues no pueden partir de la base que un trato directo firmado con un proveedor que no tiene domicilio en la región es delito (que, por cierto, no lo es) sin atender a los diversos actos administrativos que lo fundan y sin revisar los antecedentes de la ejecución ese servicio contratado. Esta ignorancia no contribuye en nada a la de democracia y la afecta por el actuar irresponsable de quienes lo hacen sin instruirse en el caso concreto antes de denunciar o hablar.

Tratar con una Corporación para ejecutar un servicio u obra no es delito si la entidad tiene experiencia y cumple lo contratado; lo ilegal es entregar dineros sin fundamento ni contraprestación para beneficiar a unos pocos de manera ilegal y esa distinción deberían hacerla nuestras autoridades antes de tirar una piedra o enlodar a una institución pública o privada con mezquinos fines políticos o personales, porque ello también es corrupción.