Nueva disposición para el 8% del FNDR

El denominado “caso convenios” sigue teniendo consecuencias para los gobiernos regionales, incluso para aquellos como el magallánico, donde más allá de las denuncias mediáticas de algún consejero regional, no se observaron irregularidades en la transferencia directa de recursos.

Tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio de Hacienda han estado emitiendo oficios para reiterar a los ejecutivos regionales las buenas prácticas y la forma más correcta de determinar a qué entidades se les puede asignar fondos y en base a qué criterios.

En el caso magallánico, la agudización del referido “caso convenios” entrabó el proceso de postulación al fondo del 8% del presupuesto regional vía FNDR, pues se extremaron los cuidados respecto de estas asignaciones directas que no requieren pasar por la consideración del Consejo Regional.

Sin embargo, la demora en la adjudicación de los recursos solicitados hizo que hasta consejeros que antes tendían mantos de duda sobre estos procedimientos comenzaran a preguntar al gobernador Jorge Flies por qué ha habido tanto retraso.

Lo cierto es que recursos que debieron estar disponibles en agosto siguen en las arcas regionales y son múltiples las organizaciones y agrupaciones de toda índole que se han visto perjudicadas por la excesiva demora en la aprobación de los proyectos y el traspaso de los dineros solicitados.

El tema fue planteado al interior del Core a la espera de una respuesta clarificadora del gobernador. Esta llegó en el sentido de que recibieron una nueva disposición desde el gobierno central, lo que hizo que los funcionarios encargados tuvieran que revisar todas las iniciativas presentadas, las que suman más de 300. En tal proceso, más de 20 proyectos que habían pasado la etapa de admisibilidad quedaron fuera.

Tal retraso, ciertamente, perjudica a muchas entidades, en cuanto les acorta los plazos para ejecutar sus iniciativas, amén de otras que han resultado perjudicadas, como lo son las que levantaron proyectos para asistir a eventos nacionales o internacionales que ya se efectuaron o están por desarrollarse, quedando sin la posibilidad de asistir o debiendo hacerlo en condiciones desmedradas al quedar sin el respaldo económico solicitado.

Empero, también es cierto que los excesos y abusos que quedaron a la luz por el “caso convenios”, así como el relajo respecto de las exigencias para que las fundaciones y agrupaciones se adjudiquen recursos fiscales, llevaron a que se sacaran del cajón del olvido las disposiciones emanadas del ente contralor y de Hacienda, que hablan de transparencia y probidad. Ello, en vez de ser visto como un obstáculo, debe ser mantenido como buenas y deseables prácticas para cuidar los recursos de todos los chilenos.