Reconocimiento a funcionarios exonerados y ejecutados políticos

Al revisar archivos de la historia reciente vinculados al golpe militar apoyado por civiles, aparecen declaraciones que pueden recibir el calificativo de asombrosas. Una de ellas fueron las emitidas por el general Manuel Torres de la Cruz, intendente durante la Unidad Popular y líder de la junta militar provincial en Magallanes que se instauró tras el quiebre institucional. Ya retirado del Ejército, concedió una entrevista a La Prensa Austral, en la que aseguró que bajo su mando no se torturó ni hubo algún desmán en nuestra región, al menos hasta que él dejó el cargo en 1974. 

Dichas declaraciones fueron desmentidas por testimonios de numerosos presos políticos en aquella época y han quedado desacreditadas por el peso de las investigaciones y procesos que la justicia ha llevado adelante y por los esfuerzos desplegados por agrupaciones de derechos humanos a favor de la memoria, la verdad y la justicia.

En Magallanes, la tortura se usó desde el primer momento como método “ablandador” durante los interrogatorios. Hubo ejecutados políticos, presos políticos, personas pasadas por Consejos de Guerras en procedimientos irregulares, exonerados, relegados y exiliados. 

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintos servicios públicos han buscado resarcir, en parte, el daño causado a decenas y centenares de personas, hombres y mujeres, a través de actos públicos y la instalación de placas que permitan perpetuar los nombres y la historia de las víctimas de la dictadura.

Uno de los recientes homenajes fue el realizado esta semana por el Servicio de Impuestos Internos a Washington Honorato Gómez Oyarzún, exonerado de su cargo de Tesorero Regional en 1978, y a Ramón Domingo González Ortega, ejecutado el 30 de octubre de 1973. Este último era contador de carrera del SII y se le había asignado la labor de intervenir una cooperativa en Porvenir.

La historia de ambos, sin militancia política, se cruza en torno a conceptos como probidad, profesionalismo y capacidades técnicas. Quisieron hacer su trabajo bien, como lo puede querer hacer hoy cualquier funcionario público que recibe instrucciones y mandatos del gobierno de turno.

Washington Gómez esperó 44 años que el Estado reconociera la injusticia que se cometió con él al exonerarlo -incluso con un decreto que estaba mal extendido, pues indicaba que se le despedía como tesorero “provincial”, siendo que era regional-; Ramón González Ortega fue asesinado y ha sido la tenacidad de sus hijos la que ha permitido dar luces de cómo y quiénes intervinieron en su asesinato y mantener su nombre vivo.