Fundación medioambientalista pide erradicar cultivos de salmones en áreas protegidas

• La organización Fima realizó estudio sobre los impactos que tiene la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar y entregó potenciales soluciones.

La investigación de la Fundación Fima afirma que es incompatible el desarrollo de la industria de la salmonicultura al interior de reservas protegidas, ya que el ecosistema marino de la Patagonia es frágil y en Chile existe un déficit en la regulación de las zonas costeras. La organización investigó la situación medioambiental en la Reserva Nacional Kawésqar.

En esta reserva existen 64 áreas aptas para la acuicultura Los tamaños de las concesiones van desde las 3,518 hasta las 143,99 hectáreas. El número de jaulas va desde las seis a las 58 jaulas. Lo anterior implica un rango de producción desde las 44 toneladas hasta las 15 mil toneladas de salmón para cosechar, por ciclo productivo.

Según Fima, la salmonicultura afecta la presencia de peces y recursos hidrobiológicos, debido a las posibles alteraciones que producen los restos de comida y fecas de salmón en la calidad del agua. Esto puede provocar “cambios en la calidad de los sedimentos, transformando compuestos naturalmente inocuos en moléculas tóxicas para la vida”, señala el estudio.

El seno de Skyring y el río Primero son los sectores con mayor pérdida de biodiversidad. Los pescadores de estos sectores deben entrar mar adentro para obtener los recursos que pescaban antes a escasas millas de tierra firme. El estudio explica que esto se debe al aumento de la acidificación del mar y la  disminución del oxígeno en las aguas.

Recomendaciones

La ONG medioambiental recomendó 13 medidas para reforzar y potenciar a las áreas protegidas frente a la industria del salmón.

Las primeras cuatro medidas tienen relación a incorporar a las comunidades locales e indígenas en la toma de decisión respecto a estas áreas. Según la organización no gubernamental, cada una de las concesiones acuícolas debe ser sometida a consulta indígena.

Llaman a modificar la categoría de protección de las áreas protegidas cuando estas no se ajustan a los objetivos establecidos, cumplir con  los compromisos del Estado y convenios internacionales en esta materia de manera que se logren los objetivos de mantener y aumentar el grado de naturalidad de los ecosistemas; Prohibir la realización de actividades que generen daños a los ecosistemas dentro de áreas protegidas; y promover activamente la realización de actividades que provoquen impactos compatibles con los objetivos de estas áreas.

Piden que el Estado exija y fiscalice a las empresas para que cumplan con las normativas, que las instituciones a la hora de entregar permisos sectoriales consideren la visión de los pueblos aborígenes, que se mejoren los instrumentos de regulación de zonas costeras y evaluación
ambiental.