La historia de la detención del dirigente del petróleo Clemente Gálvez y su demanda por $100 millones que acaba de ganar al Estado

Días después del resonante “Puntarenazo” y en repudio a las detenciones practicadas en la Plaza de Armas con ocasión de la visita del general Augusto Pinochet Ugarte, tuvieron lugar una serie de manifestaciones en diversos puntos de la ciudad, organizadas por cabildos espontáneos realizados por la comunidad. Dentro de los puntos con mayor concurrencia de personas se encontraban las poblaciones Gobernador Viel, Fitz Roy y 18 de Septiembre, principalmente, en la intersección de las entonces avenidas Independencia y José Martínez de Aldunate, epicentro de las protestas de la época y de los enfrentamientos con las fuerzas policiales.

En ese lugar, el día 27 de marzo de 1984, en medio de la efervescencia de las protestas, ante un gran número de personas y bajo una fuerte represión de personal militar y de Carabineros, era detenido esa noche, alrededor de las 22 horas, el dirigente del petróleo Clemente Gálvez Rivera.

Según su relato contenido en una causa judicial, “esa noche (27 de marzo de 1984) fui detenido y llevado a un camión militar apostado en el mismo lugar, donde fui golpeado brutalmente y por varios minutos con culatazos, palos, y golpes de pies y puños. Tras ello fui conducido en el mismo vehículo militar a la Primera Comisaría de Carabineros con fractura de rodilla y astillamiento de la nariz con sangrado permanente, el que se agravó con el transcurso de las horas, obligando al personal de las fuerzas de seguridad a trasladarme de urgencia al Hospital Regional, donde fui asistido, suministrándoseme suero y sangre por algunas horas, para posteriormente, ser conducido nuevamente al calabozo de la Comisaría de Carabineros”.

Ingresado a la cárcel

Añade que “al día siguiente fui ingresado a la cárcel pública en calidad de incomunicado, razón por la cual tuve que permanecer en un calabozo sin baño, ni luz natural ni artificial por 48 horas. Tras ese periodo de incomunicación fui pasado al pensionado de dicho penal, donde permanecí durante 5 días, tras lo cual debí ser trasladado nuevamente el hospital para ser intervenido de mi rodilla derecha por presentar los ligamentos atrofiados y, también, para ser sometido a una cirugía plástica de mi nariz, producto de los golpes recibidos y que provocaron un astillamiento de la parte superior e inferior del tabique nasal. En esta condición, en una habitación oscura, esposado a la cama y vigilado permanentemente por personal de Gendarmería, estuve durante aproximadamente 2 meses en el hospital, para luego ser liberado, tras sucesivas peticiones de libertad realizadas a los tribunales militares, en la causa 118-84 de la Fiscalía Militar de la Región de Magallanes, las que fueron denegadas una y otra vez sin razón alguna, siendo que quien suscribe fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado”.

Los disturbios

La Prensa Austral de la época dio cuenta que los disturbios en el barrio 18 de Septiembre, dejaron un saldo de 7 carabineros heridos y 90 detenidos, todos los cuales pasaron a disposición de la Fiscalía Militar de Punta Arenas.

El gobierno militar informó que hubo 8 puntos donde se alteró el orden público, se interrumpió el suministro eléctrico de aquellos sectores y se apedreó la Subcomisaría de Carabineros del barrio 18. 

A raíz de estos incidentes, el intendente militar, general Juan Guillermo Toro Dávila, acusó a “elementos subversivos de dirigir las protestas”, por lo que no descartó restablecer el toque de queda si fuera neceesario.

Demanda

En la demanda indemnizatoria de perjuicios contra el Estado de Chile entablada a mediados de 2022 por Clemente Gálvez, a la fecha jubilado, y patrocinada por el abogado Pablo Bussenius, se plantea que los hechos expuestos, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional y en el Derecho Internacional, como “crímenes de Lesa Humanidad”, los que en consecuencia merecen ser indemnizados por el daño moral sufrido, en la suma de 250 millones de pesos.

Luego después de más de un año de tramitación, el 26 de octubre de 2023, el juez Claudio Neculmán, titular del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, acogió la demanda, condenando al fisco de Chile a pagar una indemnización de 120 millones de pesos a título de daño moral. Y, el 12 de enero pasado, apelada la sentencia por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte de Apelaciones confirmó el fallo, pero redujo a la suma de 100 millones de pesos el monto de indemnización, revocando aquella parte donde se condenaba al CDE a pagar las costas de la causa, quedando eximido de dicho pago.