La explotación sexual infantil: una alarmante realidad

Es una realidad nacional, que comienza a manifestarse desgraciadamente también en Magallanes. Y es que la explotación sexual comercial de menores de edad pareciera ser un hecho invisible en la sociedad magallánica, a pesar de que contamos con altos factores de riesgo de que esto ocurra.

Hay tres características de la ciudad que podrían facilitar estas malas prácticas: la cercanía con la frontera, ya que podría abrir la puerta a la trata de personas; el ser una zona turística, porque atrae a muchos visitantes que vienen de paso o por temporadas a trabajar; y el puerto, que podría impulsar el comercio sexual en niños, niñas y adolescentes.

Las últimas pesquisas policiales a nivel local han tenido como protagonistas a niñas y adolescentes vulnerables, sujetas bajo un sistema residencial proteccional, con aspectos de posible explotación sexual.

Y, es que la problemática asociada al consumo de alcohol y las drogas, las deja muy vulnerables a la comisión de estos delitos por parte de los explotadores sexuales.

Para combatir este mal social, se insta a la población que ante cualquier tipo de sospechas, se formule de inmediato la denuncia ante la PDI, Carabineros o Fiscalía para poder iniciar una investigación.

Los daños en algunas víctimas son irreversibles, como historias de vida que vienen hace muchos años de múltiples situaciones de maltrato y abandono, y que sean víctimas de explotación sexual es la consecuencia final de una serie de otros malos tratos. La recuperación final pasa por reconocerse como víctima, como niña o niño y empezar a tomar confianza de a poco en el mundo adulto, que sí hay adultos que pueden ser protectores o dar cariño sin nada a cambio.

La explotación sexual comercial de niños en una actividad en que un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o de algunos “favores” como amparo o protección. Como tal, es un crimen y está sancionado por ley. Para reforzar lo anterior, a finales de 2022, el gobierno promulgó la ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes, la legislación, endureció las penas, y de paso configuró la agravante de reincidencia, y crea el delito de transmisión de contenido sexual de menores de 18 años, a través de dispositivos tecnológicos, entre otras medidas.