Nuevo traspié en la licitación del servicio de cobro de estacionamientos

El servicio de estacionamiento regulado es una herramienta importante para gestionar el uso del espacio público en una ciudad como Punta Arenas, donde el crecimiento urbano y la congestión vehicular son desafíos constantes.

Así, el cobro de estos aparcamientos contribuye a aquello y también a generar ingresos para las arcas municipales.

Sin embargo, este tema ha venido dificultándose por diversos motivos y no han sido felices las últimas experiencias respecto de las licitaciones y cumplimiento de la concesión.

El reciente traspié en el nuevo proceso licitatorio del servicio de cobro de estacionamiento en la comuna de Punta Arenas resultó inesperado. 

No fue una buena señal que a esta subasta pública se haya presentado un único oferente y resulta inquietante que éste no haya cumplido una de las exigencias de las bases de la licitación, cual es presentar junto con su oferta económica una boleta de garantía que avale la seriedad de la propuesta y que permita a la municipalidad resguardar sus intereses ante cualquier incumplimiento posterior, una vez asignado el servicio.

Si bien es cierto que la implementación de sistemas de estacionamiento regulado puede contribuir a ordenar el tránsito y mejorar la rotación de vehículos en zonas urbanas, es crucial que estos procesos de concesión se lleven a cabo de manera transparente y efectiva para garantizar el beneficio tanto de los ciudadanos como de los prestadores del servicio.

Más allá de este nuevo traspié y proyectando el nuevo proceso licitatorio que deberá levantar la municipalidad, es fundamental que las autoridades municipales revisen las bases y cuestionen si existen condiciones que hacen poco atractivo que diferentes empresas postulen a tal concesión. A la vez, los equipos consistoriales tienen que actuar con diligencia en la selección de operadores, evaluando cuidadosamente sus capacidades técnicas, experiencia y solvencia financiera para asegurar un servicio de calidad para los ciudadanos.

Además, es esencial que se establezcan mecanismos efectivos de monitoreo y control para supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar que los prestadores del servicio operen de acuerdo con las normativas y regulaciones establecidas.