Royalty minero: más democracia, más recursos

Promover el desarrollo local con equidad territorial en Magallanes se perfila como un imperativo para robustecer nuestro sistema democrático. La reciente promulgación de la Ley de Royalty Minero en Chile ejemplifica este compromiso con la descentralización fiscal y el empoderamiento comunitario, proyectando un notable aumento en el presupuesto de nueve comunas de la región, alcanzando la cifra de 1.133 millones de pesos.

Este logro representa un avance significativo hacia una distribución más equitativa y justa de los recursos, direccionando explícitamente los beneficios hacia las mayorías de nuestro país. Más allá de su impacto financiero, esta política pública otorga autonomía a las autoridades locales para gestionar estos fondos de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad, fomentando así una participación ciudadana activa en la toma de decisiones y consolidando la legitimidad de las instituciones.

Aunque Magallanes no se destaca como una región minera, su ubicación dentro del país le otorga acceso a los beneficios del royalty minero, lo que se traduce en un presupuesto significativo que respalda principalmente a los municipios, especialmente aquellos de carácter rural que tienen mayor dependencia al Fondo Común Municipal. Esta asignación presupuestaria es importante para el desarrollo y la equidad territorial en la región, fortaleciendo las infraestructuras locales, mejorando los servicios públicos y promoviendo el bienestar de sus habitantes.

Es relevante destacar que el total de esta asignación corresponde al Fondo de Equidad Territorial, diseñado para impulsar el progreso de nueve comunas de la región: Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine.

Un dato de especial importancia es el incremento en los presupuestos anuales de estas comunas. Por ejemplo, Laguna Blanca experimentará un aumento presupuestario del 8,01%, lo que evidencia un impacto tangible en el desarrollo local y un paso significativo en la descentralización y autonomía regional.

La transparencia en la gestión de estos recursos emerge como un pilar fundamental de esta iniciativa. Porque cada municipalidad receptora se compromete a brindar información detallada sobre el destino de los fondos, garantizando así la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano sobre la gestión pública.

La creación de este fondo, fruto del consenso entre el gobierno y los legisladores, refleja un compromiso compartido por impulsar un desarrollo equitativo y sostenible en el país. Este esfuerzo conjunto evidencia que, al priorizar las necesidades de las personas y actuar coordinadamente, es posible avanzar hacia una democracia más sólida y participativa.

Además, la anticipación de los recursos del Royalty para el año 2024 se llevó a cabo mediante la Ley de Presupuestos, marcando un hito significativo hacia la consecución de los objetivos de la ley y la voluntad política del gobierno y los parlamentarios de todos los sectores. Se estima que, una vez que entre en pleno funcionamiento en 2025, el royalty generará ingresos por un total de 1.350 millones de dólares, destinando el 50% directamente a las regiones.

En este contexto, la Ley de Royalty Minero se alza como un claro ejemplo de cómo la mejora de la democracia es posible mediante una gestión eficaz y la óptima utilización de los recursos para impulsar la descentralización, la equidad territorial y la participación ciudadana. Sin duda, estas medidas sentarán los cimientos para un desarrollo inclusivo y sostenible en Chile.