Fiscalía trabaja con mucho ahínco las causas que involucran a menores vulnerados sexualmente

Magallanes sigue siendo la región donde más casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ingresan por 100 mil habitantes.

Por eso la fiscal adjunta de Punta Arenas, Johanna Irribarra Alarcón, dijo que al trabajo de este tipo de denuncias le están poniendo mucho énfasis, “porque son niños que generalmente están en hogares de Mejor Niñez, dependientes del Estado, por lo tanto están en una vulneración mayor que cualquier otro menor”.

“En ese sentido estamos investigando estas causas con mucho ahínco para lograr encontrar a los imputados que se están aprovechando de esta situación, que pagan por estos servicios sexuales, y de esta forma tratar de proteger de alguna forma la indemnidad de estos niños, niñas y adolescentes”.

En marzo estuvo en Punta Arenas el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino Meléndez, quien manifestó su preocupación por la cantidad de casos de explotación sexual infantil que se registran en Magallanes.

Confirman prisión

Las declaraciones de la fiscal Irribarra las realizó luego de oponerse tenazmente a la solicitud de la defensoría para que una de las dos personas enviadas en febrero de este año a la cárcel, Mauricio José Chávez Sibilia (52), por aprovecharse sexualmente de dos niñas de 13 años de edad, recuperara su libertad.

La tesis de la defensa es que su representado desconocía que las jóvenes fueran menores de edad.

Esta es una investigación por abuso sexual reiterado y explotación sexual de niñas y niños adolescentes

Chávez, junto a Giovanni Saavedra Godoy, ambos trabajadores de una empresa constructora que ejecuta un proyecto en Punta Arenas, fueron detenidos por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones por aprovecharse sexualmente de dos niñas de 13 años de edad, de hogares protegidos, hasta donde fueron enviadas por el Tribunal de Familia.

Les suministraron alcohol y droga y las llevaron a un motel. Luego las trasladaron al domicilio que arrendaban donde procedieron a consumar los delitos por los cuales terminaron formalizados y enviados a la cárcel, por tres meses en principio.