Subsecretario de Educación Superior anuncia que proyecto del Cae será presentado antes del ejercicio presupuestario

Según la subsecretaría de Educación Superior existen más de 820 mil personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (Cae). Y, 540 mil de ellas se encuentran en morosidad y el Estado al año paga a los bancos más de 300 millones de dólares.

El análisis publicado en 2022 advierte que cerca del 70% de las y los deudores del Cae en etapa de pago tienen ingresos en promedio inferiores a $750.000 mensuales, lo que equivale a 465 mil personas. Asimismo, el 81% tiene ingresos inferiores a $1.000.000 y el 38% presenta ingresos inferiores a $250.000 mensuales. Por el contrario, tan sólo el 8% posee ingresos superiores a $1.500.000.

En tiempos de campaña Boric prometió condonar esto, desde esos tiempos, harta agua ha corrido bajo el puente, ya que desde Hacienda deslizaron que no se puede realizar una condonación total, sino que parcial. En esta entrevista Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior, se remitió a señalar que “presentaremos un proyecto antes del ejercicio presupuestario, no puedo dar más detalles”.

– ¿Se puede adelantar algo?

– “La educación superior requiere de una reorganización de su esquema de financiamiento (…) tenemos que optimizar el rendimiento de los recursos públicos para que produzcan resultados, reorganizamos los fondos institucionales que reciben las instituciones del Consejo de Rectores para que aportes al sistema de innovación y creen conocimiento”.

– ¿Este proyecto supondría sólo la condonación del Cae o la creación de un nuevo sistema crediticio?

– “Va a ofrecer una solución a los actuales deudores como a las y los futuros estudiantes”.

– ¿Están de acuerdo con modificar el sistema de financiamiento de la educación superior?

– “Estamos llevando adelante nuestra regulación arancelaria que significa pasar de un sistema de aranceles históricos a un esquema de aranceles basados en costos. Se introduce un elemento de mayor racionalización en el financiamiento que permita orientar la acción de las instituciones a objetivos de política pública como las estrategias regionales de desarrollo. Lo haremos escuchando a las instituciones y con responsabilidad fiscal, ya que queremos que el gasto rinda mejor”.

– ¿Está modificación arancelaria significa una reducción de los aranceles universitarios?

– “Está diseñada para las instituciones que están dentro del sistema de gratuidad y lo que hacen es que el Estado tenga claridad de cuáles son los costos de estas prestaciones y también tenga algunos elementos de control presupuestario que permitan un adecuado uso de los recursos públicos (…) Pondrá énfasis en los contextos que está inserta la universidad y se hará cargo de las necesidades de las universidades regionales”.

– Según lo que puedo entender de sus palabras ¿Existen instituciones adscritas a la gratuidad que ofrecen carreras con sobrecostos?

– “El paso de un esquema de arancel histórico a un esquema de costo naturalmente se va a producir una variación (…)  Nosotros consideramos que es un paso adelante contar con una regulación (…) Si hay instituciones que históricamente han tenido precios elevados por sobre lo que se consideraría un costo razonable naturalmente es una situación que tendremos que observar y tendrán que producirse las modificaciones”.