Diplomacia antártica kitsch

Prof. Jorge G. Guzmán
Universidad Autónoma de Chile

Conocidas las reacciones del canciller en las que evita hacerse cargo de las potenciales implicancias legales y geopolíticas de las prospecciones petroleras que Rusia realizó en el Mar de Weddell, resulta inescapable recurrir al vocablo alemán kitsch, al que la Rae asigna los significados de pasado de moda y/o de mal gusto.

En esta complejísima materia el canciller ha -otra vez- optado por la reacción diplomáticamente epidérmica para, desde la comodidad de las redes sociales, escapar a la gravedad de un problema que puede afectar el interés permanente de Chile.

Intentando contextualizar la noticia, dijo que «ocasionalmente surgen noticias no confirmadas sobre reservas minerales y de hidrocarburos en la Antártica. Añadió que Chile, al igual que otros países antárticos, seguirá defendiendo firmemente la preservación de la Antártica».

Enseguida, tratando de pasar página al asunto (y huir desde el ser hacia la autocomplacencia del querer ser), el Presidente afirmó que nuestro país «ha defendido, defiende y defenderá que la Antártica es un continente de paz y ciencia, y que su gobierno se opondrá firmemente a cualquier iniciativa minera en la Antártica». Agregó que Chile trabajará con todos los «países reclamantes (sic) y los demás firmantes del Tratado de 1959, para velar por el respeto de la normativa».

Constatados los problemas procesales, jurídicos y geopolíticos que se acumulan sobre el funcionamiento del Sistema del Tratado Antártico, este tipo de declaraciones (teflón retórico) no son más que una práctica pasada de moda. 

Parecería que, en la interpretación chilena, la minería es una actividad ad eternum prohibida en la Antártica. Lamentablemente, esto no es así. Ocurre que, incluso antes de 2048 (fecha en la que actual normativa antártica podría ser modificada por simple mayoría), cualquier país (o grupo de países) podría querer forzar una interpretación diferente de la cuestión minera y, sin aviso, al menos intentar rescatar del olvido la ya negociada Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos (1988). En 1989-1990 sin aviso previo esta última fue reemplazada por el Protocolo Ambiental o Protocolo de Madrid.

A pesar de que para todos son conocidas las pesadas condiciones objetivas del mundo real post invasión militar de Rusia a Ucrania (dos países del Sistema Antártico), la Cancillería chilena parece querer descartar de plano un movimiento pro-minerales antárticos para, de esa forma, seguir ejercitando su aversión a los escenarios prospectivos y de conjunto. Es la manera en la que la casta diplomática ya nos convenció de su obsolescencia y de su pésimo gusto en materia de defensa del interés antártico.

Esto es lo que explica por qué, antes que coordinar cualquier acción con otros países, la Cancillería no hizo mención del Estatuto Antártico (Ley 21.255) que -ante un desafío como el de las prospecciones rusas- la obliga a articular la defensa efectiva de los legítimos derechos polares del país. No hacerlo constituye una ilegalidad. Tratar de convencernos de que esa defensa depende de la disponibilidad de otros países no es más que otro intento de escapar de los problemas.

Como prueba de esto último baste reparar que el origen de la información, que el canciller califica de no confirmada es, nada menos, que el Parlamento Británico. Allí se identificó al buque ruso y se difundió el resultado de su campaña científica en un área que -si directa o indirectamente afecta territorios al occidente de la longitud 53º Oeste- comprendió a la Antártica Chilena.

Por lo mismo, antes que desestimar la relevancia de la noticia, la Cancillería debió solicitar antecedentes al gobierno del Reino Unido, o al propio gobierno ruso (así lo hizo Argentina). También debió pedirlos a la Secretaría del Tratado Antártico en Buenos Aires. Mientras resulta de fundamental importancia esclarecer si ese último organismo estaba informado de las prospecciones rusas (o también fue sorprendido por la información proveniente de Londres), la Cancillería tiene pendiente informar al país respecto de qué tipo de acción diplomática afirmativa se adoptó frente a Rusia. Si no lo ha hecho, entonces debe hacerlo.

La Antártica como
instrumento de geopolítica

A diferencia de lo que ocurre con nuestra diplomacia, en el mundo de hoy nada está menos pasado de moda que los intereses geopolíticos de países que, como Rusia, se niegan a aceptar un rol secundario en el sistema internacional. Lo que está pasado de moda es el internacionalismo globalista noventero de la diplomacia chilena.

Si en Europa las ambiciones del régimen de Putin están a la vista en Ucrania, la frontera con los países bálticos, Transnistria y Georgia (y otras regiones del Cáucaso), en el Ártico las mismas se expresan en un gigantesco reclamo de plataforma continental extendida que, proyectada desde sus costas sobre el Mar de Barents y Siberia, incluye hasta el sector del Polo Norte.

Con la prolongación de la crisis político-militar en Europa (asegurada por la reelección de Putin), sería un error descartar que las prospecciones geo-científicas rusas en la Antártica (en el Mar de Weddell o cualquier otro sector) no terminen siendo geopolíticamente instrumentalizadas, en caso de que la oligarquía de Moscú perciba que ello favorece su posición en el tablero global. Por desgracia, esto ya no es asunto de ciencia ficción.

Además, Rusia conoce que desde que Australia (2004), Noruega (2009) y Argentina (2009) aplicaran el Derecho Internacional reclamando soberanía submarina en la Antártica, en los hechos y en el Derecho estamos en presencia de un conflicto de jerarquías entre la Convención del Mar (Convemar) y la normativa del Sistema del Tratado Antártico. Si la primera establece que mientras la normativa del Tratado esté vigente, cualquier reclamo territorial al sur de la latitud 60º Sur no afecta ni valida pretensiones territoriales del país que lo hace, la segunda -el compendio del Derecho Internacional del Mar- habilita a cualquier Estado costero para reclamar -hoy o mañana- soberanía submarina hasta y más allá de las 200 millas.

En este plano hay que recordar que mientras el Reino Unido no ha reclamado plataforma continental en la Antártica, en 2022 Chile sí fijó sus límites submarinos en el área al Oeste y al Noroeste de la Tierra de O’Higgins. De fundamental importancia es tener en cuenta que esa proyección terminará por unirse a la proyección de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas desde nuestras islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez.

En este último contexto, es necesaria la siguiente precisión. Incluyendo a Chile, el Presidente ha empleado la expresión países reclamantes, olvidando que, en estricto sentido, nuestro país no es reclamante. Ocurre que bajo el gobierno del Presidente Aguirre Cerda, Chile sólo precisó los límites exteriores de su soberanía austral y antártica, sin establecer -y esto es trascendente- un límite norte para la Antártica Chilena. El argumento geo-histórico y legal es simple: no se puede reclamar algo que, desde los orígenes del país en el siglo XVI, nos es propio. Esta es la tesis histórica chilena, cuya coherencia tiene una importancia mucho más que semántica.

En cambio, si bien Rusia (heredera de la Unión Soviética) no reclama territorios en la región polar austral, no sólo no reconoce la validez de ningún reclamo territorial, sino que además se reserva el derecho a reclamar, si lo estima conveniente (en la práctica, esta es también la tesis histórica de Estados Unidos). Durante la última década Rusia ha realizado trabajos de prospección en varios sectores de la Antártica, quedando la impresión que lo que ese país pudiera estar intentando precisar cuál es el sector más interesante en términos de recursos naturales.

El antecedente original de un posible reclamo ruso está en la circunnavegación de la Antártica efectuada entre 1819 y 1820 por la flotilla del Almirante Fabián von Bellinghausen: Otra vez la importancia del estudio de la historia polar y de la historia del derecho, cuya relevancia la Cancillería chilena se resiste a entender (pues le resulta más fácil y cómodo practicar un pasado de moda racionalismo jurídico que, centrado en lo reglamentario y lo técnico-legal, le  permite que, en última instancia, el problema de fondo siga quedando para el próximo gobierno).

Prospecciones rusas y el nuevo diferendo marítimo entre Chile y Argentina

El futuro de la Antártica está íntimamente ligada a nuestro futuro como Nación.

No sólo somos el país más cercano a ella, sino que nuestros derechos soberanos sobre su sector americano se sostienen sobre la presencia permanente que -desde 1820- efectuaron sucesivas generaciones de chilenos dedicados a actividades económicas subpolares y polares practicadas. A través de esas actividades foqueros, balleneros y otros pescadores antárticos chilenos afirmaron nuestro uso y ocupación del sector americano de la Antártica, incluso desde 60 años antes de la llegada de las primeras expediciones científicas de la década de 1890.

Los límites antárticos chilenos derivados del uso y ocupación (encapsulados en el Decreto Antártico de 1940) están hoy cuestionados por la decisión argentina de reclamar, conforme con la Convemar, parte sustantiva de la Antártica Chilena y del Mar Chileno Austral (2009). Desde 2023 dicho país pretende -además- validar ese cuestionamiento invocando el sistema de solución de controversias del Tratado de Paz y Amistad, para allí intentar imponer su resucitado principio bioceánico, que reduce la plataforma continental magallánico-antártica al sector al occidente del pseudo meridiano del Cabo de Hornos.

Si bien, en principio, la objeción argentina refiere a territorios submarinos al sur y suroriente del Cabo de Hornos, en un contexto geo-legal más amplio, cuestiona la legitimidad del concepto del Decreto de 1940 que, como se indicó, no fija límite Norte al Territorio Chileno Antártico. Conforme con esa norma, nuestro país es una continuidad geo-legal que ahora -todo indica- también podría estar cuestionada por las prospecciones rusas en el Mar de Weddell.

Mientras en los últimos meses el país se enteró de que los pescadores antárticos chilenos habían sido marginados de las comisiones nacionales que deben redactar los reglamentos del Estatuto Antártico, hasta hoy nada se sabe del trabajo que pudo haber desarrollado la Comisión de Conciliación del TPA. En contexto legal y geográfico, en este organismo se definirá -en buena parte- el futuro de la Antártica Chilena. Tampoco sabemos de ningún diputado o senador que haya solicitado a la Cancillería antecedentes sobre esta trascendente materia.

Chile y el futuro
de la Antártica

Estamos en una circunstancia en la que, si queremos enfrentar estos desafíos, es necesario un ejercicio de sinceridad para definir qué queremos -finalmente- de la Antártica.

Los chilenos debemos establecer si, a pesar de lo prescrito en la Ley 21.255, la Cancillería está facultada para seguir profundizando su agenda e interpretación internacionalista de la cuestión polar.

Si no es así, y queremos recuperar nuestra condición de potencia antártica, la alternativa es -derechamente- obligar a ese servicio público a, conforme con la ley y a nuestra centenaria tradición de ocupación y uso del espacio, regresar a la práctica territorialista vigente hasta antes del Gobierno Bachelet 1.

Si la diplomacia chilena vuelve a practicar su tradición polar, como en el póker, estará en mejores condiciones para defender la continuidad de la Pax Antártica. A la fecha, a pesar de ciertos candados técnico-legales, Rusia (y cualquier otro país), puede, si lo decide, generar una situación de fuerza para cuestionar la continuidad de la normativa antártica. Creer que esto es imposible, y que el Tratado Antártico está tallado en piedra, es un error tipo 1.

Relacionado con lo anterior, hay que considerar que, en lo sustancial, el nuevo diferendo austral con Argentina a propósito de la plataforma continental en las regiones plus ultra el Cabo de Hornos, resulta de la postergación a la que, por una década, la Cancillería relegó esta delicadísima materia. Durante ese tiempo la diplomacia chilena se ocultó de las implicancias derivadas de las pretensiones territoriales del vecino, a las que incluso un excanciller progresista asignó importancia ninguna.

La tesis de la importancia ninguna de los problemas australes explica a cabalidad la obsolescencia y el mal gusto con el cual ahora la Cancillería finge reaccionar frente a las prospecciones rusas en un área que puede corresponder a parte del territorio chileno.

En el mundo real, las prospecciones geo-científicas rusas tienen por objetivo caracterizar la plataforma continental del Mar de Weddell, esto es, estudiar y evaluar un asunto que, en contexto geo-legal y geomorfológico, es indistinguible de la plataforma continental de la Península Antártica y, por extensión, de aquella del sector americano del Mar Austral Circumpolar, en el que ahora Chile y Argentina han reconocido tienen un nuevo diferendo territorial. Desde esta perspectiva, las actividades rusas -que según el Canciller no están confirmadas– incorporan un elemento nuevo y complejidad a este -de por sí- delicado problema.

Con esto en consideración, si Chile decide, finalmente, volver a ser fiel a su tradición antártica, debe comenzar por reevaluar toda su planificación, incluida la planificación de la inversión fiscal en infraestructura polar (sobre la que nuestro uso y ocupación puede continuar y proyectarse cientos y miles de kilómetros hacia el hinterland antártico).

En este campo parecería aconsejable que -reconociendo que vivimos en un mundo súper-conectado vía tecnologías satelitales inalámbricas (a disposición de la investigación científica y de las actividades económicas antárticas reguladas incluso en la región del Polo Sur), los fondos aprobados para la construcción de un Centro Antártico Internacional (Cai) en Punta Arenas (cerca de USD 90 millones para un edificio de 25.000 mts2 en la orilla norte del estrecho de Magallanes, a miles de kilómetros de la Antártica), se redestinen a la construcción de nuevas y más modernas bases, al sur del Círculo Polar, y especialmente en el sector del Mar de Weddell.

Asimismo, esperando que nuestro nuevo rompehielos entre pronto en operaciones, convendría considerar la adquisición de una segunda nave (de menor tamaño, pero con capacidades logísticas y de investigación), que permita asegurar el funcionamiento permanente de todas nuestras instalaciones, que proyecte la presencia de nuestros científicos, y refuerce las operaciones de nuestros pescadores y operadores turísticos hacia la propia región del Polo. Hoy nuestra ocupación de la Antártica se concentra entre las latitudes 62º y 63º Sur que, en el hemisferio norte, corresponden a aquellas de Anchorage en Alaska, y Trondheim en el centro de Noruega.

Chile tampoco debe demorar la construcción de su data-set geo-científico para fijar -conforme con el Derecho Internacional- los límites exteriores de nuestra plataforma continental en el apetecido Mar de Weddell. Sólo así el país terminará de conocer los límites de su soberanía submarina austral-antártica y, contará con una herramienta política y legal, que también debe contribuir a la visión de conjunto en el marco del diferendo austral con Argentina por la cuestión de la plataforma continental al sur y suroriente del Cabo de Hornos.

Con una más amplia y ambiciosa ocupación del territorio, una mayor presencia de nuestros nacionales en todos los ámbitos de la actividad polar, y una clara y precisa definición de nuestra soberanía submarina, Chile fortalecerá su capacidad de gestión en el póker antártico. Desde allí debe imponer la continuidad de la cooperación científica y el fortalecimiento regulado de las actividades económicas permitidas, e impedir que la Antártica se transforme en campo de batalla entre potencias extra regionales, o materia del apetito de multinacionales menos interesadas que nosotros en la conservación de los delicados ecosistemas polares. Este objetivo está mucho más allá del alcance del globalismo de la Cancillería y de su barra brava de ONG ambientalistas. La continuidad de la cooperación polar sólo la pueden asegurar las verdaderas potencias antárticas.

Para todo esto se requiere voluntad política del gobierno y claridad conceptual y de largo plazo en la Cancillería. Si realmente queremos volver a ser potencia antártica (y no un simple miembro del Tratado Antártico), ese último servicio público debe terminar de entender que el método de las declaraciones grandilocuentes y de teflón no convencen a la gente informada, pues no sólo son inconsecuentes con nuestra tradición polar (y con la ley 21.255), sino que dificultan que Chile ejerza su vocación e influencia para, en los hechos y no en las redes sociales, asegurar que el Tratado Antártico y su sistema (el ejemplo de cooperación más exitoso en la historia de la humanidad), no queden a merced de intereses que terminen por afectar nuestra seguridad  y/o menoscabar nuestro interés nacional.

FUENTE: EL LIBELO