Sueldo millonario: diputado Bobadilla apitutó a funcionaria amiga en el Congreso pese a prohibición

• Carolina Arias Arévalo tuvo este verano una doble militancia: ocupó una jefatura a tiempo completo de un Slep en Concepción y, al mismo tiempo, figuró como “asesora” del legislador Udi. Su paso por ambas reparticiones le significó obtener remuneraciones por más de 20 millones de pesos en sólo tres meses.

Pese a estar estrictamente prohibido y a tener un contrato a tiempo completo en otro servicio público, el diputado de la Udi, Sergio Bobadilla, apitutó en el Congreso a una funcionaria amiga por casi 3 millones de pesos mensuales.

De acuerdo a antecedentes recopilados por BBCL Investiga, el parlamentario contrató por tres meses -y en calidad de “asesora”- a Carolina Alejandra Arias Arévalo. Parte del círculo de hierro de Bobadilla, la trabajadora social percibió de manera paralela una remuneración bruta de hasta 5,3 millones mensuales, como jefa de la Unidad de Participación y Vinculación Territorial del Slep Andalién Sur, de Concepción, donde está contratada a tiempo completo.

Requerido por este medio, el congresista reconoció un estrecho vínculo con su colaboradora y afirmó que “de existir algún problema, por cierto lo corregiremos”.

“Pero jamás -añadió- se podría poner en cuestión su capacidad profesional”.

Los millones

Arias es una de las funcionarias que prácticamente abrió el Servicio Local de Educación Pública penquista. Llegó menos de un año después de su creación, en 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Sus redes políticas son amplias: desde su juventud estuvo ligada a la Udi, partido donde incluso conoció a quien fuera su marido, el ex gobernador de Concepción y cercano a Jacqueline van Rysselberghe, Alejandro Reyes Schwartz. Desde hace 20 años que es un “pilar fundamental” del trabajo de Bobadilla, según él mismo desclasifica.

Precisamente, ese último nexo la llevó a ser contratada entre enero y marzo de este año en calidad de asesora externa del parlamentario. Ganó unos 8,4 millones de pesos durante su veraniego paso por el Congreso.

$2,8 millones por cada mes.

¿El problema? De manera paralela, se hizo de otros $12,1 millones por su trabajo permanente en el Slep, el organismo a cargo de la administración de los jardines, escuelas y liceos públicos de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui.

Según información obtenida por BBCL Investiga, el desglose va así:

$3,6 millones, en enero; $3,2 millones, en febrero; y $5,3 millones, en marzo.

En total, en sólo tres meses, recibió $20,5 millones provenientes de las arcas públicas. Ello, sin contar que en febrero hay receso legislativo en el Congreso.

La prohibición

Más allá de los dineros, su contratación pasó por alto el reglamento interno de la Cámara. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, entidad colegiada que justamente regula estas materias, impide expresamente la contratación de funcionarios públicos en calidad de asesores. El objetivo es justamente “propiciar un correcto uso de las asignaciones parlamentarias”.

“Queda prohibida la contratación, con cargo a las asignaciones parlamentarias destinadas a personal de apoyo y/o asesoría externa de un parlamentario, parlamentaria o comité parlamentario, de funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses”, reza la restricción.

La norma sólo establece una excepción: académicos y profesores de universidades estatales, para quienes no rige esta prohibición. Algo que no ocurre en este caso, puesto que Arias no cumple ninguna de esas funciones.

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